Nacionales | 13 May (EL PAÍS)
Una encuesta reciente revela que existe "un importante apoyo" a la creación de la figura del femicidio en términos generales. A pesar de la polémica que se desató por las eventuales consecuencias que podría traer la creación de la figura del femicidio, una encuesta de Opción Consultores da cuenta que el 65% de la población está de acuerdo con el proyecto.
Según los datos publicados en la víspera, de los encuestados, un 65% se mostró de acuerdo, un 26% en desacuerdo y un 9% respondió "no sabe, no contesta".
Un 76% de los que están de acuerdo son votantes del Frente Amplio, un 77% son personas con nivel educativo bajo y un 71% son mujeres. En cuanto a los que están en desacuerdo, es mayor el número de hombres que de mujeres: un 32% de los hombres encuestados manifestaron estar en desacuerdo y entre las mujeres se llegó a un porcentaje de 20%.
La encuesta muestra que los uruguayos con mayor nivel educativo son los que muestran, en general, el desacuerdo más alto: el 26%.
El plenario del Senado aprobó en abril el proyecto de ley por el que se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal, castigándose más severamente los actos de discriminación y femicidio. Se votó por unanimidad y pasó a consideración de la Cámara de Representantes.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A MENORES CON REFERENTES DETENIDOS
(PRESIDENCIA)
Los ministerios del Interior y Desarrollo Social, junto con la Suprema Corte de Justicia, presentaron el protocolo de actuación para atender la situación de niños o adolescentes bajo la responsabilidad de personas privadas de libertad. Las once medidas, entre otras acciones, abarcan la detención in fraganti o planificada de delito de la persona en presencia o no de un menor y la visita a unidades penitenciarias.
“Es un paso adelante muy fuerte en la materia, cuyo proceso empezó en 2014, cuando, buscando mejorar la situación de menores con familiares detenidos, analizamos la situación que comenzaba desde la propia detención de la persona”, señaló el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al presentar el protocolo para atender la situación de niños y adolescentes bajo la responsabilidad de personas privadas de libertad aprobado en setiembre de 2016.
Junto a Bonomi, estuvieron la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quienes son partes firmantes del protocolo. Con el objetivo de su aplicación, fueron capacitados 160 funcionarios designados por las instituciones firmantes, quienes replicarán la formación para sus pares.
El protocolo establece la aplicación obligatoria para los organismos, sin perjuicio de la independencia técnica de cada uno.
Los ámbitos de aplicación rigen en la detención in fraganti de delito de la persona en presencia (o no) de un menor, detención planificada de la persona en presencia (o no) de un menor, detención a espera de resolución judicial, procesamiento con prisión durante la permanencia en unidades de ingreso, diagnóstico y derivación, alojamiento en unidades de internación de mujeres con hijos, alojamiento de una mujer embarazada en unidades de internación, nacimiento de niños cuya madre esté internada en la unidad, visita y contacto en la unidad de internación, gestión de visita de los menores, aplicación de arresto o prisión domiciliaria, pre-egreso de una persona privada de libertad y excarcelación de la persona, detalló la asesora del Ministerio del Interior en materia penitenciaria, Rosario Burghi.
El protocolo es el resultado de un trabajo en el que participaron el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Comisión Especial para Seguimiento de Situación Carcelaria del Poder Legislativo, el comisionado parlamentario, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sumado al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
“Es la primera vez que se firma un protocolo por parte de los tres poderes del Estado atendiendo la protección integral de niño o adolescente en esta situación especial de vulnerabilidad”, definió la funcionaria. “Uruguay demuestra la capacidad de articulación a efectos de tratar un tema tan complejo en menores cuando sus referentes terminan privados de libertad. El protocolo mejora las condiciones en que tratamos a estos niños para evitar la revictimización y la vulneración de sus derechos”, remarcó Jorge Chediak.

MEGASHOPPING DE AUTOS EN CIUDAD DE LA COSTA
(EL OBSERVADOR)
A inicios de 2019, sobre la ruta interbalnearia y Camino de los Horneros, comenzará a funcionar Car One. La empresa argentina, creada por el empresario Manuel Antelo, replicará en Uruguay su modelo de negocio de venta de autos en formato de shopping, con una inversión de U$S 60 millones.
En un espacio de 12 hectáreas, diferentes marcas de autos ofrecerán tanto la venta de autos nuevos como usados, señaló la empresa a través de un comunicado. Además, contará con zona comercial y gastronómica, compuesta por un supermercado, bancos y tiendas de diversos rubros. Para completar el proyecto, está en estudio un emprendimiento de viviendas. En 2016, Car One asumió el control de las acciones de la uruguaya Santa Rosa. Con esta plataforma, Antelo decidió replicar su negocio en Uruguay, contó a El Observador el presidente de Santa Rosa, Eduardo Ache.
La obra se desarrollará en tres etapas. La primera, que comenzará a ejecutarse en setiembre de este año, implica la mitad del terreno e incluye gran parte del área de concesionarias. Para esta parte, hay varias marcas de autos ya confirmadas. Se estima que la primera etapa culminará a fines de 2018. Para la primera etapa de construcción trabajarán 200 personas. Una vez culminado el proyecto, con las empresas en funcionamiento, el número de empleados llegará a 500. Filippini dijo que su mayor expectativa está en la generación de puestos de trabajo. La segunda etapa abarcará hasta un 70% del proyecto, cerca de 10 hectáreas, con lo que reste de las concesionarias, de la zona comercial y gastronómica.