Opinion | 09 May Bajo el título de “futuro de la seguridad social ante los nuevos desafíos que se plantean: nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, nuevas modalidades de trabajo y envejecimiento demográfico, entre otros" se desarrolló hace unos días en nuestro país la Semana de la Seguridad social, con una convocatoria que entre otros aspectos hizo alusión más de una vez al envejecimiento que experimenta la población del país y los desafíos que ello provoca.
No es un tema nuevo, sino que refiere a una problemática que desde hace mucho tiempo debería estar recurrentemente en la mesa de trabajo, pero que a menudo se soslaya por los actores políticos, desde que no dará réditos electorales, sino costos políticos.
Una mesa de trabajo estuvo integrada por tres de los directores del Banco de Previsión Social (BPS). El representante de los pasivos en el directorio, Sixto Amaro, planteó que el envejecimiento que enfrenta Uruguay es consecuencia de la baja natalidad (un promedio de 1,8 hijos por mujer según los datos del Instituto Nacional de Estadística) pero "especialmente" se debe al incremento de la esperanza de vida de la población. En promedio, los hombres uruguayos viven 74 años y las mujeres 80.
Según Amaro “es uno de los índices que muestra la real calidad de vida de los uruguayos", y en este escenario, el representante de los jubilados en el BPS dijo que están "dispuestos" a discutir cuántos años debe tener una persona para poder retirarse. Actualmente, se requieren como mínimo 60 años de edad y 30 años de trabajo para ambos sexos.
Por su parte, la directora representante de las empresas en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, dijo a El País que tiempo atrás habían manejado la posibilidad de aumentar la edad mínima de jubilación, pero que no debería tratarse de una medida aislada.
El presidente del BPS, Heber Galli, al referirse al envejecimiento de la población uruguaya sostuvo que “encarar el tema del envejecimiento hablando solamente con la receta del aumento de la edad no lleva a ningún lado", mientras que el representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pablo Casalí, evaluó que "el problema del envejecimiento no es un problema donde todo se focalice en si aumentamos o no la edad de jubilación". En cambio, agregó, se debe trabajar para asegurar la "sostenibilidad" de los sistemas de seguridad social.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Y en este contexto, si bien a menudo se utilizan juegos de palabras o expresiones rebuscadas para no llamar a las cosas por su nombre, resulta que el aumento de la edad para jubilarse se torna un factor omnipresente. Pero al ser una medida antipática, el sistema político mira para el costado.
Mientras, el BPS ya tiene un déficit que se estima del orden de los 500 millones de dólares anuales y sus propios informes técnicos indican que se incrementará hasta ser insostenible en los próximos años, pero a la vez tampoco se exponen posibles soluciones.
Tal como vienen las cosas, con una relación activo-pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, los esquemas diseñados para otra relación entre las franjas etarias y las consecuentes necesidades del sistema, no pueden postergarse las decisiones.
Ello debe alcanzarse en el marco de un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que se desembocará en un futuro más o menos cercano, y del que todos los involucrados con poder de decisión y responsabilidades deben hacerse cargo llegado el momento, antes de que el agua llegue al cuello. En suma, no es problema de este gobierno o de los que vengan, sino que es de sostenibilidad del régimen, y si se encara la respuesta con una gradualidad adecuada, se podría más o menos atenuar los efectos traumáticos para las próximas generaciones.
No hay dudas de que las exigencias que en algunas décadas tendrá el Banco de Previsión Social para estar en condiciones de seguir pagando prestaciones sin mayores sobresaltos, conlleva desafíos de gran magnitud para el Uruguay. El centro son los recursos financieros, pero en términos de seguridad social, de servicios, de calidad de vida, habrá demandas adicionales que deben evaluarse desde ya.
Hay parámetros contrapuestos en esta disyuntiva: los datos indican que en Uruguay las tasas de mortalidad descienden y aumenta la esperanza de vida, lo que responde a una tendencia mundial, aunque con la salvedad de que mientras en los países emergentes y del tercer mundo hay una alta tasa de natalidad, no ocurre lo mismo en el mundo desarrollado y tampoco en Uruguay, que tiene por un lado dos aspectos indeseables en la ecuación: economía pequeña y las exigencias inherentes al aumento de la expectativa de vida, que requieren servicios más caros y demandantes. Este desafío de cobertura que sea sostenible en el tiempo hace que el sistema sea más costoso desde el punto de vista financiero. Además, en Uruguay la tasa de natalidad sigue decreciendo, lo que tampoco ayuda al sistema previsional, por cuanto indica que hay menos población activa para solventar las prestaciones de un crecimiento en el porcentaje de pasividades que deben pagarse mes a mes. Sin embargo no todo es tan negativo, porque de aumentar la tasa de crecimiento podrían ponerse de manifiesto otras vulnerabilidades aún más peligrosas para nuestro país. Por ejemplo, que el crecimiento económico no solo es bajo, sino que todavía se basa en el campo: en la producción agropecuaria y forestal. Por lo tanto la expectativa de crecimiento de las fuentes de trabajo reales siempre serán bajas, y de ser así, incrementar la población en lugar de mejorar la ecuación del BPS la empeoraría, porque sería sobre la base de mayor desempleo o salarios bajos.
Entonces, se debe diseñar un proyecto para generar equilibrios a mediano y largo plazo, con una amplia base de apoyo desde todos los sectores políticos, de organizaciones sociales, del gobierno, de técnicos y de los actores involucrados; y de la misma forma que en los años ’90 la creación de las AFAP salvaron al BPS y al país de la bancarrota, gracias a la decisión política poco simpática adoptada en ese momento --el sistema “solidario” estaba agotado y sin posibilidad de recuperación--, ahora también hay que actuar sin anteponer las urnas al futuro del país.