Nacionales | 16 May (PRESIDENCIA)
A través del Programa de Reducción de Aguas No Contabilizadas, OSE detecta las pérdidas que registra y en tal sentido, se dividen entre físicas o comerciales que rondan el 50% del agua suministrada al sistema de distribución, o un valor similar al del resto de América Latina. El presidente del directorio del organismo, Milton Machado, aclaró que el 20% del total responde a conexiones clandestinas.
La diferencia entre la cantidad de agua potable que se suministra al sistema de distribución y el volumen sobre el cual los clientes realmente pagan se conoce genéricamente como agua no contabilizada (ANC). Esta se compone de pérdidas físicas producidas por fugas en los sistemas y de pérdidas aparentes por falta de facturación, ya sea por fraudes o mediciones inexactas. El valor medio de agua no contabilizada en el caso de OSE ronda el 50%, y en América Latina, en promedio, es del orden del 45%.
Machado explicó que las pérdidas físicas alternan entre el 25% y el 30%, y el otro tipo de pérdidas, que es “agua que se entrega, que OSE sabe cuánto es porque la tiene macromedida, pero que no se cobra por distintas situaciones --asentamientos, conexiones clandestinas, etcétera--” suma aproximadamente otro 20%, (10% por fraude y otro tanto por subsidios o situaciones irregulares).
Las fugas pueden ser visibles, que generalmente son emergentes, de altos caudales y corta duración, o no visibles, que pueden ser detectables, con caudales moderados y tiempo de conocimiento variable, o no detectables, de bajo caudal y larga duración. Explicó que el organismo cuenta con una Gerencia de Fraude para mejorar y revertir esas situaciones que son difíciles de controlar.
Según la empresa, a la hora de implementar un Programa de Reducción de Agua No Contabilizada (RANC), se prioriza dejar de lado la tendencia excesiva a la centralización e involucrar a los miembros de la organización, que son los que operan y mantienen efectivamente el sistema de abastecimiento. Este programa implica una serie de subproyectos y cada uno requiere de inversiones, tiempos de evolución y crecimiento, para apuntar a lograr un cambio cultural que le dé forma a un nuevo modelo de gestionar las redes de distribución.

FISCAL PIDIÓ PRISIÓN PARA DUEÑOS DE METEORO
(EL PAÍS)
La fiscal Silvia Méndez solicitó el procesamiento con prisión de los dueños del establecimiento pirotécnico Meteoro, ubicado en Toledo, en el que murieron cuatro trabajadores a causa de un incendio. Méndez pidió el procesamiento por el delito de homicidio culposo y solicitó que se disponga de inmediato el cierre de fronteras, informó Subrayado.
Un informe que tiene en su poder el sindicato Fuecys, al que pertenecía al menos uno de los cuatro jóvenes fallecidos, indica que a instancias de una comisión bipartita se identificaron varias irregularidades laborales. En las imágenes que anexa el informe se ven fallas en la señalización de extintores y puertas de salida, y bocas de incendio y mangueras en mal estado. De acuerdo al registro fotográfico, las cajas de mercancía llegaban a apilarse a varios metros de altura y en forma desordenada, dificultando el pasaje y el acceso rápido de los trabajadores. Además, según el informe no existía en esa fecha un plan de emergencia o evacuación del lugar.

TCR OBSERVA NUEVAMENTE AL MIDES
(EL PAÍS)
Tal como había ocurrido en marzo, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) volvió a observar una serie de contrataciones directas hechas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por ser irregulares y, en algunos casos, inconstitucionales. Pese a eso, los gastos fueron reiterados por decisión de la ministra Marina Arismendi y de la subsecretaria Ana Olivera. Las resoluciones del TCR observando los gastos por decenas de millones de pesos fueron tomadas desde mediados de 2016 hasta comienzos de 2017, y vienen a sumarse a la decisión del organismo de contralor que objetó la contratación directa de 70 instituciones por parte del Mides, que fueron hechas para brindar servicios de cuidados. Aún así, en este caso la cartera también decidió reiterar el gasto.
“Las observaciones del Tribunal son repetitivas en cuanto a contrataciones directas que superan el monto permitido, otras contrataciones directas que no encuadran en las excepciones previstas en el Tocaf, y contrataciones que cuentan con principio de ejecución”, dijo a El País el diputado nacionalista Martín Lema, que solicitó la convocatoria de la ministra Arismendi a la comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. En este nuevo caso, el Mides hizo un llamado a organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo para presentar propuestas de acompañamiento social y operativo a los grupos de clasificadores de residuos de Montevideo. El TCR observó ese gasto por casi $ 30 millones en agosto de 2016 y reiteró la objeción en diciembre de ese año. La observación fue por el incumplimiento de dos artículos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que dicen que no podrá omitirse ninguna de las exigencias esenciales requeridas en la base del llamado a ofertas y que una vez abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas. Para Lema, “tras doce años de gobierno, no es aceptable que las irregularidades se fundamenten en razones de necesidad”.