Opinion | 16 May Desde hace décadas, nos debemos un debate en serio --y actuar consecuentemente-- sobre el papel de las empresas del Estado, su incidencia real en la economía y la viabilidad del país, y las alternativas por ejemplo a los monopolios en que se desenvuelven. Es decir, por un lado se crean empleos en el Estado con condiciones en extremo benignas e inamovilidad a costa del esfuerzo de los actores privados, que no cuentan con estos beneficios, en tanto las empresas que tienen pérdidas desaparecen y con ellas las fuentes de empleo genuinas.
Por otro lado, hay seudoempresas que tienen tras de sí la bolsa de dinero del Estado, de las contribuciones de todos los uruguayos, que siguen existiendo y funcionando con pérdidas, mantienen empleos artificialmente y a la vez transmiten a la ciudadanía sobrecostos para enjugar déficit. En muchos casos, obteniendo recursos en impuestos disimulados para seguir aportando a Rentas Generales.
Encima, problemas de gestión, porque todos somos “dueños” de las empresas pero al final de cuentas el ciudadano no es dueño de nada, porque por un lado paga de más por servicios y productos caros e ineficientes, y por el otro no tiene la posibilidad de elegir. Todo esto afecta la salud de la economía y muchas veces la capacidad de la empresa privada de poder competir en los mercados internacionales.
Esta es apenas una de las facetas del tema, y en un largo debate sobre quienes están alineados de un lado y otros de otro, por motivaciones ideológicas y tratando de llevar agua para su molino, la ciudadanía tiene muchos elementos contradictorios en juego como para poder desentrañar la verdad.
Una demostración irrefutable de las consecuencias de empresas ineficientes y mala gestión la tenemos en que no podrían existir sin monopolio, como ocurre con los combustibles de Ancap, porque resulta más barato importar combustible que refinarlo dentro de fronteras. Este factor incide fuertemente en el esquema productivo del país, en la logística, entre otros costos adicionales que aplica y que aporta a toda la masa crítica que hace que el Uruguay sea un país caro. Pero también afecta duramente al ciudadanos común, ese que cada vez que llena el tanque de su automóvil para los sobrecostos de mantener a algunos miles de funcionarios y unos cuantos gerentes y burócratas prendidos a la ubre de la gran vaca sagrada que es Ancap.
Pero no termina ahí, porque también el cemento que produce el ente arroja pérdidas de 25 millones de dólares, en este casa debido a que al no estar solo en el mercado debe venderlo al mismo precio que los privados, a los que no solo les sirve cobrar los valores que cobran por el producto, sino que al contrario de Ancap, ganan plata.
¿Alguien se ha puesto a pensar cuánto más saldría un metro cuadro de construcción si Ancap tuviera el monopolio y nos vendiera la bolsa de cemento al precio que necesita hacerlo para ser “rentable”?
Por comodidad, por visiones ideológicas, Uruguay se sigue moviendo con los mismos parámetros y nadie quiere pagar costos políticos ni tocar una piedra de la pirámide, para no ser cuestionado y virtualmente hecho pedazos por las corporaciones, sobre todo las de funcionarios públicos, únicos beneficiarios directos de este atrofiado esquema. Y en lugar de tratar de achicar el tumor maligno, desde que el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005 lo ha alimentado a paladas, creando la subsidiaria ALUR para producir etanol de caña de azúcar en un país donde desde siempre este cultivo tropical ha sido ineficiente, o gastando decenas de millones de dólares en un horno para producir cemento para un mercado que no existe.
Y mientras tanto, ¿qué ha sido del mentado país productivo? Sobre todo... ¿qué va a pasar en el futuro inmediato y el no tanto, con este escenario que no presenta miras de reversión porque nadie se anima a ponerle el cascabel al gato?
Una visión de esta realidad es la ofrecida por el consultor Eduardo Blassina, a través de un artículo en El Observador que tiene directa relación con los costos que nos atenazan, y que son explicados en gran medida por la mala gestión e ineficiencia del Estado.
Subraya que el agro puede soportar bajos precios internacionales, alto precio de energía y atraso cambiario, pero no todo a la vez, y ello es determinante en el esquema socioeconómico del país, porque refiere a un sector que aún con el devenir de los tiempos, la innovación tecnológica, la globalización, es la columna vertebral de la economía.
Indica Blassina que el agro “es capaz de soportar una situación de bajos precios internacionales. Es capaz de soportar atraso cambiario. Es capaz también de soportar altos precios de la energía. Pero no puede soportar todo en contra a la vez por mucho tiempo. No hay sector que pueda soportar las tres cosas sumadas por un período prolongado”.
“Dos mochilas puede cargar. Puede soportar atraso cambiario y alto precio de la energía, pero con altos precios internacionales. Podría soportar una baja de precios internacionales con costos abusivos de energía, si tuviese un tipo de cambio flexible al estilo de Oceanía. Podría soportar precios internacionales bajos y atraso cambiario si la energía y los costos derivados de ella fueran equivalentes a los de los países vecinos. Pero todo en contra, es demasiado”, argumenta.
Esta suma de elementos adversos significa incremento de la presión al sector productivo. Tenemos por un lado que si bien el valor del petróleo sigue deprimido, esta baja no roza el precio de los combustibles en nuestro país, y así el gasoil --que es la mitad del carburante que consume el país-- está mucho más caro que en cualquier país de la región.
Reflexiona el profesional que “con un precio bajo del petróleo las cotizaciones de los granos seguirán bajas --salvo un problema grave de origen climático--. El precio de los alimentos monitoreado por FAO bajó en abril por tercer mes consecutivo. En materia de precios de materias primas, lo que hay es lo que será por bastante tiempo. Y es incompatible con los costos de Uruguay”.
Con sectores complicados, como los granos, la producción de leche sigue sin repuntar y la de carne aumenta impulsada por la faena de hembras. Y difícilmente la buena noticia de una nueva planta de UPM signifique algún contrapeso a esta tendencia preocupante. Como contrapartida, competidores como Australia y Nueva Zelanda, cercanos a los mercados asiáticos, siguen adecuando su tipo de cambio, tienen menos inflación y costos, son ordenados, eficientes y competentes, firman acuerdos comerciales, y se manifiesta una alineación de toda la sociedad tras los mismos objetivos, “lo que genera un ecosistema empresarial mucho más favorable al del presente uruguayo”, indica Blassina.
“Es la sustentabilidad de la oportunidad uruguaya la que está en juego. Todo lo construido y lo que se sigue construyendo en materia de diferenciación corre riesgo. El riesgo del desánimo. El riesgo de que se generalice una mirada escéptica sobre las condiciones para producir en Uruguay. El riesgo de que los privados vean al Estado no como un socio sino como un expropiador”, señala.
No son argumentos nuevos pero sí son elementos que subsisten desde hace tiempo y no se manejan respuestas más allá de seguir pateando la pelota para adelante, cuando los productores no cuentan con la bolsa del Estado para reparar gratis las pérdidas. Y ello debería llamarnos a reflexión y a la acción, para por lo menos empezar por atender con respuestas alternativas a los costos que están estrangulando al sector.