Nacionales | 17 May (PRESIDENCIA)
Las reuniones para definir el trazado de la línea férrea necesaria para trasladar la producción de la proyectada segunda planta de celulosa de UPM comenzaron ayer, informó el ministro de Transporte, Víctor Rossi. “Se mantendrá en esencia el recorrido actual entre Montevideo y Paso de los Toros, en Tacuarembó, pues solo se harán ajustes para lograr un recorrido más recto y eludir problemas en algunas poblaciones”, añadió. Rossi agregó que, “si es necesario, se expropiarán terrenos para rectificar el recorrido de las líneas férreas, corregir algunos rumbos indebidos y lograr combinaciones para permitir el cruce de trenes”.
El trazado, en lo sustancial, mantendrá el recorrido actual de Paso de los Toros al puerto de Montevideo. Solo se prevé, en principio, realizar ajustes para lograr un recorrido más recto que eluda algunas poblaciones y asegure un servicio más eficiente. Según explicó el ministro, el proceso de licitación para la obra tiene varios puntos, una vez definido el trazado será necesario trabajar en ingeniería y en soluciones de problemas concretos de ese trayecto. Por otra parte, habrá que informar, a las empresas que tienen la potencialidad de construir la obra, respecto de las condiciones desde el punto de vista jurídico y de financiamiento.
Rossi dijo que se pretende que la vía férrea esté lista al momento de la puesta en funcionamiento de la planta. En cuanto al puerto de Montevideo, sostuvo que no necesita obras de importancia para ese fin; no obstante, para facilitar la llegada del ferrocarril y la manipulación de la carga, se realizarán algunos trabajos, fundamentalmente que responden a necesidades de la empresa.

ARTÍCULO QUE “BLINDA” AL EJECUTIVO ES INCONSTITUCIONAL
(EL PAIS-EL ESPECTADOR)
La Suprema Corte de Justicia determinó la inconstitucionalidad del artículo 733 de la ley de Presupuesto frente al pedido presentado por funcionarios de salud pública. En el último día en su cargo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, informó que tras un reclamo realizado por los funcionarios de salud pública, se determinó la inconstitucionalidad del artículo 733, hecho que fue notificado esta semana.
En diálogo con El Espectador, Manrique explicó que este artículo de la Ley de Presupuesto permite que “en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Poder Ejecutivo se reserva la consideración del pago en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiera fondos necesarios”, expresó. “Esto de alguna forma blinda al Poder Ejecutivo respecto a la no necesidad de pago inmediato de esas deudas salariales, que es para todos los funcionarios públicos, no solo los judiciales”, dijo Pérez Manrique.
A raíz del precedente sentado por los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, Manrique supone que “en algún momento los funcionarios judiciales en su momento harán valer este precedente de la corte y ésta verá qué hace en ese caso concreto”, concluyó. El artículo 733 del presupuesto condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) mantiene desde hace ya seis años un conflicto que comenzó a partir de la ley de Presupuesto de 2010. Al respecto, la AFJU ha realizado diversos reclamos e inclusive ha adoptado la medida de paro para buscar una solución o para que se designe un fiscal para atender la demanda en contra del artículo 733.

ASEGURADORAS NIEGAN CRISIS DE TALLERES
(EL OBSERVADOR)
El Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) sostiene que varios comercios agremiados están sufriendo una baja de la actividad a raíz de un diferendo que mantiene con el Banco de Seguros (BSE) y las aseguradoras privadas por los costos de las reparaciones de los vehículos. Los talleres señalan que asumen más gastos de lo que las aseguradoras le reconocen y eso les genera pérdidas. Sin embargo, las compañías privadas restaron trascendencia a la situación que describen los talleres.
El jueves 11, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) se presentó en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores para referirse al conflicto. Allí, el director ejecutivo de la gremial, Mauricio Castellanos, señaló que desde comienzos del año 2000 ya existían reclamos y “apariciones en prensa que suele hacer el CTMA, obviamente en defensa de sus intereses”. Añadió que “sistemáticamente, en cada uno de esos momentos --ocurrió también en 2012 y 2016-- surge la intención de posicionar la idea de una situación dramática, de quiebre de un sector de actividad, pero en realidad es lo mismo que se viene anunciando desde hace más de 15 años”.
Por tanto, Castellanos sostuvo que para la Audea “esta no es una situación novedosa”. El CTMA ha expresado que el BSE recurre a talleres que no están agremiados pero que no tienen la capacidad de cubrir la demanda de reparaciones. “El CTMA es una institución gremial que reconocemos y con la que tenemos vínculos, pero también es importante destacar que en Uruguay hay un universo enorme de talleres. Hay más de 1.100 talleres en todo el país y las compañías de seguros habitualmente trabajan con ese universo de talleres”, dijo el directivo de Audea en la comisión.

VÍCTIMAS DE ACOSO ESCOLAR
(SUBRAYADO)
Tres de cada diez niños en Uruguay son víctimas de acoso escolar, al tiempo que el 59% de los empleados públicos sufrieron esta problemática que se analizará en el V Congreso de Bullying y Mobbing, a efectuarse en Montevideo a fines de mayo, con la presencia de varios expertos extranjeros.
Entre los participantes del congreso arribará la creadora del proyecto KIVA, el exitoso programa finlandés para acabar con el acoso escolar. También estará presente un experto cordobés en bullying y específicamente cyberbullying, también habrá una mesa de abogados que darán cuenta de la legislación existente para enfrentar este flagelo.
Uruguay ocupa el cuarto lugar en el ranking de bullying, y el tercero en América del Sur, según dijo la Psicóloga Silviana Giachero, organizadora del congreso.
En referencia al mobbing, o acoso laboral, un estudio realizado por el Estado en 2008 arrojó que el 59% de los empleados públicos son víctimas o fueron víctimas de acoso laboral. El congreso será los días 29, 30 y 31 de marzo en el Hotel Radisson.