Paysandú, Miércoles 24 de Mayo de 2017
Opinion | 22 May Desde la década de 1980 que se habla de la existencia de cianobacterias en el río Uruguay y sus afluentes, en tanto cada temporada estival asistimos a las alertas y cuidados por el verdín que se aprecia en sus aguas. Hasta que apareció en aguas del río de la Plata y en el Santa Lucía; a partir de allí el tema se masificó y las medidas se adoptaron para una cuenca donde reside la mitad de la población del país.
El profesor Grado 5 de la Facultad de Ciencias, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y Coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, Daniel Panario, alertó hace dos años que “casi todas” las tomas de agua superficiales de Uruguay enfrentan problemas de contaminación. Por aquel entonces, la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, mostró su reacción cuando fue consultada por dichas afirmaciones: “¿Y yo qué hago con Panario? Sugiérame algo ¿Sabe lo que hago? Hago un convenio con la Facultad de Ciencias que ayuda con todos los monitoreos. El decano y el rector, con los cuales he hablado, son mis interlocutores. Realmente a Panario no lo conozco”.
Sin embargo, las consecuencias provocadas en humanos y animales que consumen el agua se constataron con el paso de los años. A comienzos del año 2000, UTE encargó un estudio a la Facultad de Ciencias ante el alto índice de fallecimientos de funcionarios que trabajaban en la represa de Rincón del Bonete, a causa de tumores hepáticos. El estudio científico reveló que las represas cuentan con un alto nivel de concentración de cianobacterias, en este caso concretamente de microcistina de las algas, presente en el agua que tomaban los trabajadores.
Por el lado de OSE, Panario reiteró que el organismo no usaba los filtros de carbono en las plantas potabilizadoras por el alto costo, en tanto los cauces de los que sacan agua permanecen contaminados. Esta toxina cancerígena afecta a los tejidos blandos, y hasta el momento la información no ha sido clara porque temen a las alarmas públicas o a la manipulación política que pueda ejercerse. Por lo tanto, las poblaciones afectadas siguen con su consumo.
Con el paso de las décadas, sucesivas legislaciones departamentales manifestaron su preocupación por el estado de las aguas de los ríos Negro y Salvador que al menos desde mediados de los 90' presentan las mismas características de contaminación, que se agravaron con la utilización de agroquímicos.
Entre junio de 2012 y mayo de 2013, la Facultad de Química de la Universidad de la República elaboró un nuevo estudio basado en criterios internacionales, por Beatriz Brena. El documento establece valores elevadísimos de microcistina, que correspondían a un riesgo muy elevado para uso recreativo, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Los valores de referencia internacional señalan un límite de 10.000 partes de microcistina por litro, pero en aquel entonces se constataba en el río Negro 34.000 Ug por litro (8 de marzo de 2013). Las autoridades nacionales conocían la peligrosidad de ese nivel de contaminación porque el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, comentó en un acto político efectuado en Maldonado en aquel año: “Descubrimos que la cuenca del Santa Lucía está contaminada por algas tóxicas peligrosísimas y que el río Negro es peligroso para bañarse en él y para los animales. Pienso en Las Cañas y Mercedes, pobre gente”.
Y la “pobre gente” siguió allí con sus actividades y emprendimientos agropecuarios, sin que mediaran más que cruces de declaraciones y la continua minimización de los hechos, tal como ha sido costumbre en estos años.
En los últimos días se supo que seis de cada diez vacas y ovejas pertenecientes a campos instalados en las zonas de Rincón del Bonete y Baygorria presentan altos niveles de toxinas en la sangre, al tiempo que la ministra de León reconoció la semana pasada, durante el Consejo de Ministros, que “está contaminada” el área donde se instalará la planta de UPM. Si hace cuatro años los valores triplicaban los índices normales, ahora se calcula que quintuplica, mientras tanto el gobierno no pidió estudios científicos a la Universidad ni tampoco exigió un plan de impacto ambiental a la empresa porque está necesitado de esas inversiones, y la multinacional lo sabe.
La docente de la sección Limnología de la Facultad de Ciencias, Sylvia Bonilla, estudió por años los niveles de concentración de cianobacterias relacionado al uso de fertilizantes, y siempre lo vinculó a los casos de muertes por envenenamiento de los animales y a los episodios de irritaciones en la piel que aparecieron en bañistas.
Por esa razón, estudios científicos no han faltado, sino todo lo contrario: se han manifestado las facultades de Ciencias, de Química y hasta el ministerio de Defensa. El asunto es que las autoridades no quisieron ver un problema de largo aliento ni adoptar las medidas necesarias, bajo el argumento de las alarmas y los “circos políticos”, cuando la evidencia es plenamente comprobable.
Por su lado, el presidente Tabaré Vázquez anunció durante un consejo de ministros efectuado en Dolores, a mediados de 2015, la realización de “controles estrictos y sanciones económicas muy severas” a quienes contaminen ríos y arroyos. La comunidad doloreña manifestaba su preocupación ante el aumento de enfermedades y se cuestionaba si el San Salvador era el causante de las patologías. A tal punto que un grupo de liceales mercedarios entregó un trabajo basado en la percepción que tenían los habitantes, sobre el estado sanitario del río Negro y el agua de OSE para consumo humano. Las cifras precisaban que más del 60% compraba agua y un alto porcentaje desconfiaba de la salud del río, pero Vázquez reiteraba que la contaminación “es un tema que está en la carpeta del gobierno”.
Ante la realidad que se demuestra con la muerte de animales, las nuevas cifras confirman lo que los lugareños advierten desde hace décadas y es que el río Negro registra zonas de mayor contaminación que el Santa Lucía. Pero el río Negro está al norte, muy al norte de las resoluciones y a varios kilómetros de la visibilidad de los gobernantes, por eso “seguirá verde” por mucho tiempo más.
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