Paysandú, Miércoles 24 de Mayo de 2017
Nacionales | 24 May (PRESIDENCIA)
El crecimiento económico, el aumento de las exportaciones, la suba de salarios y jubilaciones por encima de la inflación y su baja permiten al Gobierno ser optimista en el futuro inmediato, pero hay elementos que plantean la necesidad de prudencia, como el déficit fiscal, señaló el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, luego del Consejo de Ministros que analizó el proyecto de Rendición de Cuentas. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, realizó una introducción, donde detalló un análisis del marco nacional, regional e internacional, informó Roballo.
Explicó que “se analizaron los indicadores de la actividad económica y, en función de esto, comienza un trabajo de elaboración del proyecto detalladamente. No se habló de números, sino de elementos que dan el marco a la elaboración del proyecto, imprescindibles para trabajar seriamente”, sostuvo.
Según Roballo, “el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita muestra que Uruguay es el país que mejor distribuye en la región” y resaltó que "los datos sobre empleo y desempleo, el aumento de las exportaciones y la actividad industrial, la inflación en el rango meta, el aumento de las jubilaciones y los salarios por encima de la inflación y el cumplimiento de los lineamientos que se marcaron para las empresas públicas hacen tener un panorama en el que hay que cuidar algunos aspectos, pero que generan perspectivas positivas en la elaboración del proyecto”.
FULCO DESCREE DE DENUNCIAS EN INISA
(EL PAÍS)
La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, dijo en conferencia de prensa que se inició una investigación administrativa sobre las denuncias presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados por abusos sexuales y maltratos a internas del centro femenino.
Dos funcionarias de ese hogar indicaron que mandos medios y educadores del centro mantuvieron relaciones sexuales con internas, además de someterlas a golpizas y no asistir a las heridas. En declaraciones recogidas por Subrayado, las trabajadoras señalaron que cuando una joven recibe un golpe (de un funcionario o de otra interna), “se esperan dos o tres días para llamar al SUAT o que la vea una doctora del centro, o sea, cuando ya no hay lesiones”. Al respecto, Fulco dijo que desde la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay (Inddhh), que oficia de veedora del sistema, “no hemos tenido ningún señalamiento en los últimos seis meses”.
Además, cuestionó que la denuncia no haya sido presentada dentro de la institución. “Nos llama la atención que se haya salido afuera a presentar una noticia de esta magnitud”, manifestó. La jerarca dijo que “hay un servicio jurídico que opera en forma independiente con total objetividad como se ha demostrado en denuncias que ya hemos planteado, unas han tenido sus consecuencias y otras han quedado en la nada”.
Según Fulco, “no hay” funcionarios señalados como autores de los abusos sexuales y “existe la posibilidad” de que se trate de denuncias falsas, ya que “la oposición a la asunción de este directorio y particularmente a mi persona estuvo desde antes de asumir por miembros del sindicato y ha sido permanente desde el 2015 a la fecha, ya estamos acostumbrados”.
CASI 50% DE IRREGULARIDAD EN VERANO
(EL PAÍS)
Casi la mitad de las empresas inspeccionadas durante la temporada de verano por el Banco de Previsión Social (BPS) en los principales balnearios presentaron algún tipo de irregularidad. En unas 1.500 actuaciones realizadas, se observó un nivel de incumplimiento del 45% en Maldonado, del 53% en Rocha, del 51% en Canelones, del 62% en Colonia y del 67% en San José. Según el informe de Fiscalización del BPS, en los operativos “rastrillo” se detectaron irregularidades en el 46% del total de 1.262 controles, al tiempo que la cifra crece al 70% en las 92 actuaciones de oficio que hicieron los inspectores del organismo, y se ubica en el 62% para los 112 casos investigados por denuncias. Asimismo, el 30% de las irregularidades detectadas corresponden a subdeclaraciones, el 27% a ocultación de personal, el 24% a la presencia de trabajadores no afiliados a la seguridad social, el 14% a moras impagas y el restante 7% a otras anomalías. De acuerdo a lo estimado por el BPS, las deudas generadas por las empresas inspeccionadas durante la temporada ascienden a $ 30 millones (algo más de U$S 1 millón). Mediante los controles realizados durante el año pasado, el BPS logró recaudar unos $ 500 millones por el cobro de multas y la regularización de 28.000 trabajadores (unos 13.000 estaban “en negro” y otros 15.000 tenían sueldos subdeclarados por montos inferiores a los que percibían).
GUÍA PARA CERTIFICACIONES MÉDICAS
(EL OBSERVADOR)
El aumento en el gasto en certificaciones médicas determinó que el Banco de Previsión Social pagara nueve veces más por licencias médicas en 2015 que en 2005, y por este motivo el organismo junto al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República crearon una guía en donde estipularon los tiempos esperados de recuperación.
De acuerdo con el protocolo, una persona que sufre un esguince en una muñeca debe recuperarse en un tiempo promedio de 15 días, una migraña lleva tres días de licencia médica y un episodio depresivo leve debería curarse en 45 días.
La guía estará disponible en la página web del SMU y técnicos del BPS trabajan para crear una aplicación móvil.
BPS CUMPLIRÁ CON RETIRO DE ASIGNACIONES
(TELEMUNDO)
La directora del BPS, Rosario Oiz, dio la postura del organismo respecto a la discusión de retirar o no las asignaciones familiares a quienes no envíen a sus hijos a un centro educativo. “Tenemos la obligación de cumplir las normas vigentes. Estas indican que a los niños o adolescentes que no concurren a la escuela o liceo y esté cumplido el plazo, debemos retirarle las asignaciones familiares. Eso es lo que tenemos que cumplir. No hay otro análisis hecho porque hay una norma vigente que tenemos que cumplir”.
Las autoridades consideran que si el Ministerio de Desarrollo Social pretende cambiar la normativa y no retirar las asignaciones familiares a padres que no cumplen con enviar a sus hijos a estudiar, deberá hacerse un planteo en el gabinete social para estudiar el tema.
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