Nacionales | 18 May (EL PAÍS)
El Ministerio del Interior dispuso un protocolo de revisión y detención de vehículos en rutas con el objetivo de “detectar posibles hechos delictivos”. El vocero de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito, subcomisario Marcelo Moreira, explicó que en las rutas se establecerán puestos de control que estarán debidamente identificados.
En un primer punto, 300 metros antes del puesto de control habrá un “cartel que indicará la presencia del mismo, aquí se ubicará un grupo de observación cuyo objetivo es observar y alertar al siguiente puesto”, en tanto prestará atención a las personas que van dentro y al vehículo en sí.
Luego habrá una zona delimitada por conos en donde estará el puesto de control y los vehículos deberán detenerse, a fin de cooperar con lo solicitado por los policías. “Ahí se hará la inspección del vehículo y de las personas”, dijo Moreira.
En caso de no detenerse, 100 metros más adelante habrá un grupo que tendrá como objetivo detener el vehículo en caso de que evada la orden. Los efectivos ubicados allí portarán armas largas y estarán habilitados al “uso progresivo de la fuerza para la detención”. El Ministerio del Interior aclaró que “en ningún caso se efectuará un control policial con uno ni con dos policías solamente, ya que de ser así deberán efectuar tareas de observación y no de control” y que “todos los efectivos apostados en controles de ruta deberán usar chaleco antibalas y reflectivo; en caso de que el control se lleve a cabo en la noche deberán portar linterna”.
De acuerdo con la normativa, la cartera informó que la policía puede realizar controles, registros, o detención de vehículos “en cumplimiento de sus funciones de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia”.

LEY INTEGRAL PARA PERSONAS TRANS
(EL ESPECTADOR)
En el marco del Día Internacional Contra la Homo-Lesbo-Transfobia, se presentó el anteproyecto de ley integral para personas trans, elaborado por el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que propone una serie de acciones afirmativas, como becas y cupos laborales, atención integral en salud y la reparación histórica a través de una prestación por la “violencia institucional sufrida permanentemente durante el período dictatorial y los primeros años de restauración de la democracia, siendo la población trans objetivo del terrorismo de Estado y las razias”.
Durante la presentación efectuada en Torre Ejecutiva, la integrante de la organización social de Cerro Largo “Campesinas Rebeldes”, Antonella Fialho, dedicó esta iniciativa a las personas trans que “ya no están” y han sido víctimas de la discriminación social. Rodrigo Falcón, en representación de la organización Transboy Uruguay destacó la importancia de recibir un tratamiento de hormonización adecuado y de contar con una legislación que obligue a las prestadoras de salud a brindarlo correctamente. Por su parte, Sofía Santa Cruz, referente del colectivo Ovejas Negras, expresó que este avance posiciona al Uruguay a nivel internacional, como un país de vanguardia en cuanto al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. “A nivel parlamentario, siguen existiendo legisladores sumamente conservadores, con un discurso que pretende tirar abajo nuestra agenda de derechos, por lo que todas las organizaciones tenemos que estar unidas para poder lograr que este proyecto se concrete en el menor tiempo posible”, señaló.
La integrante de la Unión Trans del Uruguay (UTRU) Colette Spinetti reconoció que la ley “no cambia la cabeza de la sociedad, pero es el trampolín a través del cual tenemos que saltar para lograr ese cambio, y ese cambio es de lucha”. “Estos derechos y leyes salen porque tenemos un gobierno de izquierda. Estos derechos no se reconocerían, como no fueron reconocidos, en los gobiernos de derecha blancos y colorados”, expresó Spinetti. Finalmente, la representante de la Asociación Trans del Uruguay, Gloria Alvez mencionó que las pocas mujeres trans que superan “la barrera de los 40 años” son “ejemplos vivientes de la cruda realidad que viven".

AGROLAND DESPIDE A 170 EMPLEADOS
(EL OBSERVADOR)
Mientras que puertas afuera la empresa Agroland afirma que los más de 170 despidos que efectuó en el mes de abril se debieron a una cuestión zafral, puertas adentro y ante las autoridades departamentales sus gerentes admitieron que se trata de una reestructura y una revisión de su funcionamiento. Así lo informó el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien indicó a El Observador que uno de los gerentes de la empresa le comunicó que el recorte de la plantilla se debió a una reestructura del funcionamiento. “Nos dijo que estaban ajustando números, porque los números no le daban”, afirmó Antía.
La explicación del intendente fernandino se contradice con la versión oficial de Agroland, que ante la consulta de El Observador se limitó a remitir un comunicado en el cual afirma que los despidos se debieron a una cuestión zafral y que es algo que “se repite año tras año”. De acuerdo con el comunicado, los recortes son “producto de la finalización de las cosechas”, lo cual sucede “todos los años una vez finalizada la Semana de Turismo”. El comunicado aclara que la medida “alcanzó a las áreas administrativas y productivas relacionadas con los sectores afectados”.
Agroland es uno de los tantos emprendimientos que el millonario argentino Alejandro Bulgheroni tiene en Uruguay. El proyecto productivo, que se extiende en 4.300 hectáreas en el departamento de Maldonado, inauguró su planta de producción de alimentos en 2011 con la presencia del entonces presidente de la República José Mujica y el exvicepresidente Danilo Astori.