Locales | 19 May Los grupos de la sociedad civil organizada que conforman Paysandú Libre de Fracking: Gensa, Paysandú Nuestro, Jóvenes de Piedra Sola, Salteños en Defensa del Agua, Ciudadanos de Tacuarembó y Uruguay Libre de Megaminería, se reunieron con legisladores que integran la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados, donde expusieron sus inquietudes basadas en el plan de perforaciones que se efectuará en Salto, Paysandú y Tacuarembó, enmarcado en un contrato firmado entre Ancap y Schuepbach Energy en 2012 para la exploración y explotación ante el eventual descubrimiento de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
“En nombre de Schuepbach ahora actúa Petrel, una empresa australiana que adquirió el 51% de sus acciones y plantea la realización de cuatro perforaciones exploratorias. En la comisión, planteamos nuestra preocupación porque si bien estas perforaciones no son estrictamente la aplicación de la técnica del fracking, las condiciones en que fueron propuestas presentan impacto ambiental en la zona donde se concretan”, dijo a EL TELEGRAFO el integrante de Uruguay Libre de Megaminería, Víctor Bacchetta.
La comisión parlamentaria solicitó información adicional a partir de observaciones técnicas efectuadas por los ambientalistas ante “las carencias del informe presentado por la empresa” con “una serie de contradicciones en sus declaraciones”. Según Bacchetta, “a la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) le dicen que procuran hidrocarburos convencionales, a sus inversionistas y accionistas les dicen que buscan no convencionales”. Recordó que, recientemente, ante una autorización de las perforaciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, “hubo otra declaración de la empresa donde dicen que piensan ir más abajo y aumentar la profundidad de las perforaciones planteadas”.
De acuerdo con el delegado, “esto sería una grave irregularidad porque deberían presentar un nuevo proyecto, si pretenden profundizar las perforaciones, con un nuevo informe de evaluación del impacto ambiental que, evidentemente, no han hecho”.

UNA LEY NACIONAL
Los grupos que conforman la sociedad civil organizada reclaman una ley que prohíba la fractura hidráulica “para que se defina con claridad una política nacional” e impida que estas empresas “realicen actividades meramente especulativas”. Bacchetta aseguró que las empresas “ya realizan sus negocios y obtienen ganancias”, sin embargo, reconoció que “es muy posible que no encuentren recursos rentables para su explotación, pero el legado ambiental nos queda a nosotros porque estas empresas desaparecen o se van”.
Ante los legisladores, insistieron que este año sean considerados dos proyectos que prohíben la técnica del fracking en todo el territorio nacional y “eso permitirá la definición de una política clara frente a las empresas e impedirá las falsas expectativas en la utilización de los recursos que eventualmente existieran en Uruguay”.

LA EMPRESA Y LA DINAMA
Consultado Bacchetta sobre la confirmación de la empresa Petrel, que descarta la instrumentación del fracking por “caro e innecesario”, consignó que ante la denuncia presentada por los grupos mencionados, “salieron a decir que se equivocaron en el comunicado y atribuían el problema a una consultora contratada, o sea, son excusas livianas que demuestran que la empresa usa distintas declaraciones y eso es poco serio”.
En cuanto a las aclaraciones efectuadas por el director de la Dinama, Alejandro Nario, quien aseguró que el organismo ejercerá férreos controles a la empresa extranjera, Baccheta consignó que “estas perforaciones eran semejantes a las que se hacen para los pozos termales y nosotros sabemos técnicamente que eso no es así. No se puede comparar una perforación para la búsqueda de agua con otra que pretende hallar hidrocarburos, sean gases o petróleo”. El proyecto plantea la posibilidad de utilizar explosivos para estimular la roca alrededor del pozo. “Evidentemente cuando se busca agua, no se utilizan explosivos en las perforaciones”, remarcó.