Opinion | 24 May El Pit Cnt observa con recelo el mensaje de cautela en el gasto de la próxima Rendición de Cuentas, emitido por el presidente Tabaré Vázquez a sus ministros, y adelantó la concreción de un paro parcial el 21 de junio en la zona metropolitana, en defensa de la Ley de Negociación Colectiva.
En la plataforma de reivindicaciones plantean más espacio y protagonismo en este marco de discusión, con la educación, el Sistema Nacional de Cuidados, vivienda y salud, entre otros aspectos que atraviesan los reclamos por mayores inversiones públicas y privadas a fin de generar trabajo de calidad. A diferencia de las anteriores administraciones, la gestión de Vázquez resolvió un presupuesto por dos años, que en este caso deberá definir las acciones para los próximos tres.
El Instituto Cuesta Duarte alertó que la totalidad de los rubros finaliza en 2017, es decir que se congelan para el próximo período y, en el peor escenario, estiman que si no se aprueba la iniciativa tampoco habrá incremento de gastos, que por otro lado fueron muy similares al 2015.
Se desglosa de una lectura por rubros que en materia educativa, al finalizar este año se cerrará con 4,9% del PBI, a pesar de la promesa del 6% al finalizar el período, y en salud pública, el presupuesto tendrá poco incremento en comparación con el anterior. Según el Cuesta Duarte, de un presupuesto de U$S 8.000 millones de dólares pautados en los dos primeros años, no se arribará a U$S 2.000 millones, ni se llegará a la cuarta parte de los anuncios. El instituto dependiente de la central sindical propone una redistribución de gastos, no reducir el déficit fiscal, usar una parte de las reservas internacionales y aumentar algunos impuestos.
Este último presupuesto antes del año electoral refleja el corsé que aprieta la cintura del gobierno, que descarta esas modificaciones impositivas, pese a los estudios pendientes en la interna de la fuerza política. Y el 10 de junio deberá estar el borrador en el escritorio presidencial, con el detalle de los artículos que presentará la bancada de legisladores, bajo la promesa del cumplimiento del programa de gobierno.
Este proyecto fue conversado a comienzos del año entre el mandatario y sus ministros, con la aclaración de los rubros específicos que recibirán un refuerzo presupuestal. Son, casualmente, casi los mismos que reclama la central de trabajadores, con la única diferencia de las correcciones basadas en el crecimiento de la economía, que estará más cerca del 2%.
Hasta el 30 de junio las negociaciones serán duras porque en este tire y afloje se destacarán los sindicatos de la enseñanza que reclamarán fuertes incrementos para alcanzar el 6% del PBI, y rondará el fantasma de la no aprobación de la propuesta, ya reconocido por el ministro de Economía, Danilo Astori. “La realidad indica que hay que estar abiertos a conversar, a intentar convencer y dispuestos a enriquecer nuestras propuestas con otras. Y no estoy diciendo esto ahora porque no tenemos la mayoría parlamentaria. Siempre pensé lo mismo”, dijo al semanario Búsqueda.
Pero también abrió el paraguas ante los últimos hechos políticos ocurridos en Brasil y no descartó mayores medidas de ahorro en la Rendición, ante una amenaza por los vaivenes internacionales y la dependencia existente con la región. Paralelamente, la inestabilidad del vecino país atenta contra el avance de acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, o una eventual disminución del comercio y competitividad de los mercados que comparte con Uruguay. Como sea, la cartera de Astori y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto encabezan el análisis del proyecto con cada ministerio, y el secretario de Estado tiene un claro panorama de la trayectoria más eficaz para reducir el gasto, con un descenso de la cantidad de funcionarios públicos que evidentemente no se ha cumplido.
En todo caso, reconoce que la carga tributaria en la producción y en los ingresos personales se encuentra en un punto límite que no conviene aumentar, pero debe transitar por este período clave para el gobierno del Frente Amplio. Aunque Vázquez ha dicho que “no es deseable” un escenario parlamentario sin mayorías, le preocupa en extremo que se mantenga el grado inversor del país y los mensajes fuera de fronteras. El punto de inflexión se paraliza en el 3,7% del déficit fiscal, anclado al mensaje de cautela del Poder Ejecutivo.
Por su lado, la oposición saca cuentas y el Partido Nacional calcula que, lejos de caer, los ingresos del gobierno han aumentado en forma sostenida hasta alcanzar una cifra superior a la estimada en la Rendición de Cuentas, en torno al 20,2% del PBI, al tiempo que los gastos del sector público crecen más que los ingresos.
Asimismo, plantea como ineficientes las medidas fiscales adoptadas porque el déficit se mantiene inamovible desde 2014, último año de la gestión del expresidente José Mujica. Sin embargo, el ministro lo explica por la incorporación de determinados colectivos al Sistema Nacional Integrado de Salud o al ajuste de las pasividades. Le cuesta, no obstante, la mención a la capitalización de un ente monopólico como Ancap, que se llevó un alto porcentaje de ese “esfuerzo presupuestal” que reclama Astori, con escasa crítica en las gestiones de otros organismos del Estado.
Tampoco se han adoptado decisiones basadas en una revisión de las exoneraciones a las inversiones, incrementos en los impuestos al capital, al patrimonio, rentas o herencias, tal como lo reclaman algunos sectores frenteamplistas.
Incluso las utilidades de otros organismos, como el caso de UTE que presentó más de U$S 400 millones, no se reflejaron en los costos de generación de energía, que implican a las muy difundidas “energías renovables” y que significa afrontar una carga que no le corresponde al ente energético, en el marco de ese déficit ya mencionado. Por lo tanto, aquí tampoco aparece una respuesta certera que aclare hasta cuándo se mantendrán los actuales niveles de tarifas públicas, que regulan otras variables económicas y mantienen una supuesta estabilidad financiera.
Por eso el panorama en los próximos días discurrirá en mayores tensiones que las habituales, porque 2017 presenta una coyuntura difícil para el tercer gobierno del Frente Amplio, que deberá mirar con mayor cautela aún el escenario electoral que se planteará en los próximos meses.