Opinion | 30 May Nuevamente han surgido desde jerarquías del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), más concretamente desde la titular Marina Arismendi y de la subsecretaria de la cartera, la antigua intendenta capitalina Ana Olivera, planteos para eliminar la normativa que suspende el pago de la asignación familiar en los casos de niños y adolescentes que dejen de concurrir a centros educativos.
El objetivo de una revisión en la materia obedecería a que se pretende favorecer la inclusión de estudiantes de grupos sociales marginados que abandonan los estudios, y a los que se ha buscado estimular o favorecer mediante el pago de esta asignación como una condición para continuar con los estudios.
Así, para Ana Olivera, “la asignación familiar es un derecho de los niños y los adolescentes” y retirarlo “no necesariamente favorece a su inclusión en el sistema educativo” sino que penaliza doblemente a la familia, según dijo la jerarca a El Observador, desde una perspectiva que sin dudas ha presidido las acciones en este ministerio que desde siempre conducen dirigentes del Partido Comunista.
Para ubicarnos en el tema y su contexto, debe tenerse presente que lejos de ser un partido homogéneo, la fuerza de gobierno es una coalición de partidos y grupos escindidos de partidos tradicionales. Bajo el mismo lema coexisten, en el marco de una orgánica muy compleja, desde socialdemócratas hasta representantes de la izquierda más contestataria, incluyendo a partidos que añoran la época de la guerra fría, los regímenes de organización y producción colectivista y de partido único, como la antigua Unión Soviética y Cuba.
Y cuando hay tanta heterogeneidad, las posibilidades de gobernar y las medidas que adopten el presidente de la República y sus colaboradores, en este caso, con apoyo de la fuerza parlamentaria propia, implican un delicado juego de equilibrios y de ponderación entre posiciones extremas dentro de la coalición.
Pero además, en el plano político, incluye atender la correlación de fuerzas y poder de presión interna en aras de mantener un rumbo que refleje un común denominador que, si bien no conforme a todos los grupos, por lo menos permita ir saliendo del paso.
Al ser un feudo comunista, el Mides conlleva una dosis de dogma, voluntarismo y actitud de llevarse por delante la realidad, que fue precisamente lo que derrumbó los regímenes colectivistas de la antigua Cortina de Hierro.
Es así que las políticas que ha llevado el Mides, más allá de las proclamadas buenas intenciones desde el punto de vista de la búsqueda de inclusión social, se han caracterizado por un perfil asistencialista dotado de un barniz de objetivos a mediano y largo plazo, que sin embargo han quedado postergados porque los controles y evaluaciones han sido insuficientes o directamente no han existido.
En lo que refiere a las asignaciones familiares, este instrumento fue concebido, de acuerdo con la argumentación del gobierno en su momento, por la necesidad de estimular a los progenitores o responsables de los estudiantes para que continuaran enviándolos a los centros docentes respectivos y controlar sus asistencias. Es por lo tanto un incentivo que exige una contrapartida, que es mantener al beneficiario --el niño o adolescente-- dentro del sistema educativo.
Una problemática muy compleja, sin dudas, porque el retener al estudiantado como sea no es ninguna garantía de que efectivamente se capacite para sostenerse cuando sea mayor, y a la vez se conspira contra la calidad educativa al meter en una misma bolsa a quienes cumplen y a quienes no, a quienes se preocupan y a quienes solo van a dejar transcurrir el tiempo. Por lo tanto se busca una supuesta igualdad que viene degradada por causas mucho más profundas que el asistir o no a clases.
De ahí que el planteo de los jerarcas del Mides apunte a derogar una norma que además es cumplida a medias a sabiendas, porque hay omisiones, y se ha constatado que aunque se les dé el dinero por norma legal los responsables cobran y no se ocupan de que los estudiantes cumplan, por lo que en los hechos se está regalando plata por nada.
De esta forma continuamos con las políticas dulces y cuidando a los “pobrecitos”, culpabilizando de este escenario a la sociedad y por lo tanto haciendo que sea algo “natural” que ésta siga aportando recursos de donde no hay para financiar planes asistenciales que no resultan sustentables.
Es decir, está de por medio un factor cultural y social de degradación de valores que no es atendido por el hecho de destinar recursos como si los fondos públicos fueran infinitos, y se da el mensaje inequívoco a quienes así actúan de que todo da lo mismo, de que es posible seguir recibiendo recursos sin ningún remordimiento desde los sectores de la sociedad que trabajan, que cumplen con las normas, que pagan pesados impuestos y cargas sociales.
En suma, en lugar de contribuir a sacarlos de la marginación, solo se les sigue dando argumentos y medios para que continúen fuera del circuito del trabajo y en una flagrante exclusión que a la vez se retroalimenta.
Como bien sostiene el periodista Gerardo Sotelo en su columna de El País, según la ley 18.227, “la asignación familiar existe para 'beneficio de niños y adolescentes'. A los adultos se los reconoce como administradores del dinero, y en atención a que tienen niños 'a su cargo'. La norma es muy clara en cuanto a establecer montos y plazos de las prestaciones, vinculados a la permanencia en el ciclo educativo.
Allí se establece como requisito para el otorgamiento y el mantenimiento de la asignación familiar, 'la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados… y la periodicidad de controles de asistencia médica'. Como parece obvio, esto no es lo máximo sino lo mínimo que se le puede pedir a la familia”.
El punto es que el retiro de las exigencias menos aún hará volver a ninguno de los niños que desertaron, y más allá de estímulos para enviar a los hijos a estudiar, este debería ser un imperativo por sentido común, formación cultural y hasta naturaleza humana.
Ello indica que las respuestas deben buscarse por otro lado, que podría ser exigirles más en lugar de seguir regalando a mano tendida. Porque las buenas intenciones no alcanzan para hacer de este un país viable, y con políticas asistencialistas poco bien le estamos haciendo tanto a quienes por la razón que sea hoy están marginados de la sociedad, como a la economía del país que ya está mostrando las primeras fisuras estructurales por el sobrepeso del Estado paternalista.