Nacionales | 03 Jun (EL OBSERVADOR)
Solo uno de los 14 uruguayos acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos italianos durante la dictadura uruguaya fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal de Roma en enero de este año.
Los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos catalogaron el fallo como “una derrota” y apuntaron contra Fabio Galiani, el abogado que representó al Estado uruguayo en el juicio por el Plan Cóndor.
Según un pedido de acceso a la información formulado al Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue entregado a El Observador, Galiani cobró 496.858 euros desde 2008 hasta 2016 y no firmó ningún contrato. “No consta a esta Dirección (cancillería) que se haya formalizado un contrato por escrito, sino que se acordó según los términos de estilo y costumbre para el arrendamiento de servicios de un profesional abogado en la República Italiana”, señala el informe. El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas, al tiempo que casi la mitad de los honorarios se entregó el año pasado, cuando Galiani recibió 210.013 euros. Cancillería afirmó que realizó “un seguimiento permanente del proceso y del consiguiente accionar del profesional actuante”.
El rol de Galiani fue muy cuestionado en Uruguay. De hecho, Mirta Guianze, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), dijo a La Diaria en febrero que le resultó “muy difícil de entender la estrategia que se siguió en el juicio”. Según informó el medio, Guianze le mandó una carta al presidente Tabaré Vázquez en donde criticó el actuar del abogado.
El juicio determinó que el único uruguayo condenado por el Tribunal de Roma fuera Juan Carlos Blanco, canciller entre 1972 y 1976. Pese a que la fiscalía había pedido cadena perpetua para los otros 13, la Justicia decidió absolverlos.