Opinion | 05 Jun No es casualidad que el ministro de Economía, Danilo Astori, eligiera un momento de inflexión para declarar frente a un medio de comunicación –aunque después acusen a los medios de comunicación de campañas antifrentistas-- para reiterar por enésima vez, que él advirtió durante el gobierno de José Mujica sobre la situación de las empresas públicas y su peso en el déficit fiscal.
Sin embargo, el exvicepresidente de la República durante aquella administración consideró que “no se tradujo en medidas concretas por quienes tenían la posibilidad de tomarlas”. Ese argumento que raya en la obscenidad nos habilita a interpretar que --como segundo al mando y titular del equipo económico del gobierno de Mujica-- permitía lo que ocurría sin plantearlo en la fuerza política, a sabiendas de que “alguien” iba a pagar esa fiesta de descuidos.
Más allá del ensayado y repetitivo “yo no fui” que presentan frente a las cámaras cada vez que deben explicar los desórdenes descomunales en empresas como Ancap o ALUR, el desenfreno en el gasto de algunos ministerios o las nulas inversiones en infraestructura vial mientras aumentaba el tránsito ante exportaciones récord, existe una responsabilidad política no asumida y el desparpajo de admitir que se adelantaron los tiempos electorales.
Mientras la oposición se junta antes de que el gobierno envíe su Rendición de Cuentas al Parlamento, convocados por el exfrenteamplista Gonzalo Mujica, el ministro de Economía realiza fuertes declaraciones que, incluso desde la interna partidaria se preguntan sobre sus objetivos. Astori dice un día que las elecciones de 2019 “distraen y pueden llevar a tomar decisiones políticas que no son las mejores para el país en búsqueda de beneficios personales y sectoriales”. Pero al día siguiente, elige el lugar donde manifiesta su discrepancia sobre la gestión de las empresas públicas en el gobierno anterior, que no tenían el estigma ni la carga de la denominada “herencia maldita” para quitarse responsabilidades ante la “falta de coordinación” que sobresalía en una administración desprolija y anárquica. Tanto como para llegar a decir que “haber tenido algunas diferencias de opinión en el pasado nos llevó a tener resultados que hubieran podido ser mejores”, y para reunirse con el presidente Vázquez y los cinco presidentes de las principales empresas públicas del país, a poco de comenzado el actual período de gobierno, a fin de poner en práctica de forma inmediata “medidas correctivas muy importantes”.
Incluso hasta reconocer que “la principal explicación del deterioro fiscal del país” se corresponde con las inversiones y costos que se hicieron en estas empresas públicas, una de las cuales presidió el actual vicepresidente, Raúl Sendic. O tanto descaro que asegure: “Ahora tenemos más coherencia y consistencia entre las diferentes opiniones que se manejan para definir una política pública, sobre todo en el terreno económico”. Entonces vemos que cualquier explicación es una burda mentira y que los contribuyentes han tenido que pagar esa fiesta de gastos, con un aumento de impuestos y la carga de servicios caros, a pesar de las transformaciones en la matriz energética.
Paralelamente, asegura que las elecciones de 2019 “distraen y pueden llevar a tomar decisiones políticas que no son las mejores para el país en búsqueda de beneficios personales y sectoriales”, como si sus palabras no fueran un nuevo marco de campaña, para autoposicionarse como el gran escudero de la prolijidad y la austeridad que están pagando todos los uruguayos, mientras cierran fuentes de trabajo porque la presión se ejerce sobre las pequeñas y medianas empresas y la clase trabajadora.
Es así que la economía uruguaya se basa hoy en la inversión extranjera –como UPM-- y por eso el temor de Astori no resiste ni el más mínimo análisis: “La intención de UPM es una buena noticia, pero también es enorme la responsabilidad de Uruguay de definir con la mayor precisión posible el contenido de los acuerdos que firme con la empresa”. Es que la finlandesa le “exige al país cosas más importantes que tendrá que encarar como un desafío muy relevante”, con grandes inversiones en infraestructura, donde “el tema fiscal juega”, ya que “no podemos dejar para las futuras generaciones una carga fiscal muy espesa”. Y este último planteo contiene la preocupación del secretario de Estado por el déficit fiscal que deberá interpretar la última Rendición de Cuentas de Vázquez, que no tiene margen para nuevas inversiones bajo el halo de una campaña electoral que pugna por aparecer en escena.
Aunque a Astori le parezca que hay “una campaña electoral adelantada” que “nos puede hacer mucho daño” porque “distrae” y no se debería discutir sobre las elecciones “hasta el año que viene”, él ya ha dado un paso adelante. A pesar de que no declare públicamente sus intenciones de ser candidato, sabe que la interna desfavorecida y carente de liderazgos puede ser un terreno fértil para sus aspiraciones. Ya no es aquel Astori que aceptó a regañadientes la conformación de una fórmula presidencial con quien mantenía profundas diferencias filosóficas, económicas y hasta de imagen frente a la ciudadanía.
Ahora es una de las pocas cartas que le quedan a un Frente Amplio dividido, agotado, repetitivo en sus discursos que apelan a la confrontación con quienes piensan diferente, anquilosado en la vieja división de “izquierda versus derecha”, y se presenta como una posibilidad de elección para aquellos que están cansados del rumbo errático de una fuerza política que quemó los mejores recursos obtenidos durante “la década ganada”.
Y cuando elige con precisión a su blanco para tirarle dardos envenenados justo antes de la votación de la Rendición de Cuentas, se transforma justamente en todo lo que critica. Porque no solamente aparece un ministro que intenta salvar su figura, sino un político que no asume las consecuencias de su inacción, y porque la ineficiencia tiene varias caras. Una de ellas puede ser sorpresa, como la del ministro Ernesto Murro ante un nuevo aumento del desempleo; y otra es la demagogia de preferir por un momento de inflexión política en el Parlamento, para decir lo que no tuvo voluntad de decidir, pero transó con los radicales mientras estuvo en el Ejecutivo.