Opinion | 04 Jun Pasan las semanas y la sala principal de la Junta Departamental continúa desierta, sin que allí se lleven a cabo plenarios ordinarios o extraordinarios. Los asuntos se amontonan en las oficinas de las bancadas, las demandas de los vecinos siguen insatisfechas, los decretos que necesitan la aprobación del legislativo departamental no son considerados y por tanto el Ejecutivo no puede implementar acciones como, por ejemplo, tres meses de refinanciación de deudas de tributos y multas de tránsito (excepto patente de rodados y espirometrías positivas).
Para la semana que acaba de culminar se habían planeado dos sesiones, una extraordinaria (martes) y una ordinaria (viernes). Ninguna de las dos se llevó a cabo. La primera porque los ediles del Frente Amplio no salieron de su bancada y en consecuencia no hubo quorum. Faltó un edil para darlo, pues el mínimo según establece el artículo 18 de Reglamento Interno es 16. La segunda fue suspendida mediante llamada telefónica por el presidente del cuerpo. Poco faltó para que simplemente enviara un WhatsApp. Entre tantas cosas que parecen poco serias en estas semanas en la Junta Departamental, esta se lleva la presea de Oro.
En la práctica es el mismo “golpe institucional” denunciado por el Frente Amplio cuando en marzo de 2015 el Partido Nacional determinó el cierre apresurado de sesiones. La misma Mesa Política del Frente Amplio --entonces oposición-- expresó en un comunicado que esa decisión “obtura el control sobre las irregularidades presupuestales”.
En lo que tenían razón entonces, parece que dos años y monedas más ahora no parece importante. El “gen” José Mujica --“como te digo una cosa te digo la otra”-- se ha declarado epidemia en la bancada oficialista. Porque, ni más ni menos que con la no convocatoria, la no asistencia o la cancelación lo que se hace es impedir que la Junta Departamental, entre otras cosas, cumpla con su rol fundamental y clave de contralor del Ejecutivo departamental. El gobierno del departamento ha quedado rengo y evidentemente por eso camina más lento.
“El Partido Nacional opta por suspender las sesiones de la Junta Departamental para evitar el debate, restringir el derecho a la información de la población de Paysandú, y obstruir el reclamo de transparencia de la gestión departamental”, indicaba entonces el Frente Amplio. Tan solo es necesario cambiar el nombre del partido político para que esa frase siga manteniendo vigencia y rigor conceptual.
En este nuevo episodio se pone otra vez en el tapete el tema de la escasa capacidad intrínseca de quienes ocupan las bancas en la Junta Departamental. No hacen otra cosa que contribuir al descreimiento en la clase política, a la frustración de los ciudadanos. Pues estos no solamente no tienen idea de quienes son la mayoría de los candidatos a la hora de votar por una u otra opción electoral, sino que posteriormente siguen sin saber quién es quién, porque desde su inoperancia se mantienen asimismo casi en el más completo anonimato.
Hoy por hoy, hay un profuso uso del dedo índice, acusando a “los otros” como culpables de que la Junta no sesione regularmente. En el centro un conflicto con los funcionarios que tiene como tema principal el reclamo de presupuestación de dos funcionarias que desde 2013 vienen trabajando como contratadas. Los funcionarios reclaman, los partidos de oposición apoyan y el oficialismo se niega basado en el reglamento interno que indica que debe llamarse a concurso por oposición y méritos abierto. Que de esa manera --y no de otra-- accedieron a los cargos estas dos funcionarias en aquel año.
No obstante, algo huele mal en Dinamarca, desde que muy probablemente esta no sea la única razón por la cual la presidencia de Francisco Gentile (que no pasará a la historia como una de las mejores) impide una y otra vez la normal realización de los plenarios. Porque el conflicto de los funcionarios no los impide. Lo que no permite hacer es el despacho de las extensas convocatorias de decenas y decenas de página, desde que el personal trabaja “a reglamento”.
Pero en tiempos en que el intendente departamental anuncia con bombos y platillos una biblioteca digital “del siglo XXI” casi dos décadas después que este comenzara, la Junta Departamental, si quisiera podría usar la distribución digital de esas convocatorias. No puede ocultarse que hay otras razones y que el conflicto planteado por los funcionarios viene bien para este juego de planteo de la batalla y apresurado retiro de tropas.
Puede sorprender incluso que justo cuando se iba a resolver la aprobación para que la intendencia comenzara su plan de refinanciación la misma bancada oficialista no diera quorum. Pero todo tiene su lógica y en este caso no se le perjudica al Ejecutivo. Las deudas a refinanciar siguen acumulando intereses y mora, por lo que en definitiva cuando llegue el momento, ingresará más dinero por “recuperación de adeudos”.
Pierde Paysandú, pero la población del departamento con este Juego de Tronos que los ediles disputan, desde la comodidad (en su mayoría) de sus puestos públicos o sus pasividades. En tanto, vecinos esperan por la aprobación de trámites que deben pasar por la Junta, por propuestas que deben ser ingresadas por los ediles, de resoluciones ya acordadas pero que necesitan la aprobación en plenario. Necesita, en definitiva, de ediles departamentales que honren su lugar, que trabajen con denuedo por su gente aquí y ahora, porque ya se sabe que en 2019 se van a desvivir por hacer “algo” ante la cercanía de otro período electoral departamental.
Una vez más, la Junta Departamental de Paysandú no está a la altura del departamento ni de sus ciudadanos. Improvisados, faltos de capacidad y descreídos del sistema en que están insertos. La población es la que hoy levanta la mano para no aprobar esta deslucida gestión de estos ediles, lejos incluso de la labor de los Aediles Plebeii del Imperio Romano, donde comenzó a gestarse la figura de estos pretendidos defensores de los intereses de la comunidad.