Locales | 25 May Los abogados Milton Hermín y Gonzalo Graña asesoran en materia legal a las organizaciones Asdopay y Aprodime, respectivamente. En una entrevista con EL TELEGRAFO ambos profesionales analizaron la normativa aplicable en materia de discapacidad en el país y qué es lo que a su juicio debería mejorarse. Destacaron la ley de protección integral de personas con discapacidad, pero señalaron que aún resta mucho en su implementación.
“La legislación sobre la discapacidad se ha desarrollado capaz que en los últimos diez años, porque anteriormente era muy difícil encontrar alguna norma, salvo alguna cosa muy específica, como podía ser la ley para la importación de vehículos para personas minusválidas”, explicó Hermín. A partir del 2010 hubo un despegue. “Salió la ley de protección integral de personas con discapacidad, número 18.651, que si bien no está reglamentada, fue un paso muy importante, creo que en eso compartimos; es la ley madre, la que sentó las bases para la regulación de la protección de los derechos”, señaló.
Graña consideró que es una ley que “está bien orientada en sus objetivos, de lo que pretende, en las competencias, en las coordinaciones que exige a los organismos. Pero en alguna medida eso tiene posiciones que son concretas, son muchas discusiones programáticas, cosas a futuro, a poder obtener, a poder lograr, son metas, objetivos. Creo que está bien orientada en cuanto a dónde se pretende ir, pero hacen falta muchas coordinaciones”.
A su juicio, la necesidad de una acción combinada de muchos actores la hace difícil de aplicar: “Es fácil ponerlo como objetivo, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Es un camino que se tiene que ir dando y construyendo. Eso es lo que se está empezando a hacer y creemos que tiene que hacerse, continuarse y con mayor compromiso”.

MEJORAS
Dentro de los avances que se alcanzaron a través de esta ley, los profesionales destacaron “todo lo que hace a los requisitos de accesibilidad, en los accesos, la educación que deberían recibir las personas con discapacidad, las atenciones, la atención de salud, todo eso está previsto. Lo que todavía no está instrumentado en forma suficiente es la implementación de esas cosas”.
Un ejemplo es la dificultad para conseguir personas capacitadas con especialización en el trabajo con niños con discapacidad. “Antes el Estado en la educación pública se había tomado ese rol, en algún momento lo dejó y todavía no lo ha retomado con suficiente énfasis. A veces para nuestras instituciones es difícil conseguir personal capacitado y lo tienen que capacitar ellas mismas”, explicó Hermín.
Otro aspecto destacable es que la ley “prevé también todos los caminos para ir ingresando al mercado de trabajo. Se puede hacer combinando las instituciones privadas con las públicas, pero todo eso necesita de mucha coordinación y de gente que también esté apoyando y haciendo el seguimiento y controlando, dando exoneraciones, subsidios y apoyos para que esto pueda instrumentarse”, acotó Graña.
Uno de estos elementos de inclusión es el 4% de cupos para discapacitados en los llamados de organismos públicos. “No quiero decir que no se haya empezado a cumplir, o que en algunos lugares o en entes del Estado no se esté cumpliendo, sino que vemos que en primer lugar no en todos los lugares se cumplen, esto es claro. Pero la ley no prevé sanciones para el incumplimiento ni tampoco prevé órganos de contralor para ver si se cumple o no. Entonces, en definitiva, es muy buena la redacción, es muy linda la programática, pero al bajar a la realidad cuesta la implementación. Muchas veces queda librado a la voluntad de los jerarcas”, sostuvo Hermín.

EDUCACIÓN
Un dolor de cabeza para las instituciones, así como para las familias, es intentar la inclusión en el sistema educativo formal de una persona con discapacidad. “La inclusión en el sistema educativo es muy difícil porque no está preparado y hoy en día pretender insertar una persona con síndrome de Down en una clase 'normal' genera todo un trastorno, porque normalmente el maestro o el profesor no está preparado para tratar a personas con discapacidad, tampoco los alumnos, y termina en que esa persona es discriminada. Muchas veces indirectamente, inconscientemente, pero termina siendo discriminada”, aseguro Hermín. “Los tiempos de esa persona con discapacidad son distintos a los otros y termina siendo un lastre, una carga”, añadió.
Asdopay ya se encontró con este problema. “Nos pasó en experiencias muy puntuales. Pedimos en UTU --que tiene dentro de su propio organigrama una oficina que se llama de inclusión, justamente-- y nos dieron un horario nocturno para una persona con discapacidad. Para empezar el horario era lamentable y segundo que no quedaba reglamentado, era absolutamente libre y nos tomaban un cupo. Entonces, se habla mucho de inclusión, pero cuanto pretendés efectivizar la inclusión propiamente dicha, golpeás las puertas y muchas se cierran. En muchos casos por falta de educación, en otros casos por ignorancia, en otros casos por tabúes que se arrastran de mucho tiempo atrás”, dijo el asesor.
Las instituciones que participan en la iniciativa Asociatividad promueven la inclusión integral de los discapacitados, esto incluye las áreas laboral, educativa y social, para lo cual asumen que hay que quebrar ciertas barreras. “Esas barreras lo que dicen es 'no puede', ya tildás al discapacitado con un 'no puede' grandote, y es más fácil hacer eso que probar, aunque las experiencias que tenemos son muy buenas, porque las personas que laboralmente han sido incluidas hace años que están trabajando”, señaló Hermín.
APOYO
Otro aspecto que --entienden-- habría que replantear es la forma en la que el BPS aporta para el trabajo de las organizaciones, ya que actualmente se realiza una asignación de recursos que equipara a todas las instituciones, sin considerar que hay diferencias. “El apoyo del Estado debería ser más importante del que se brinda actualmente, sobre todo a través del BPS y de las ayudas extraordinarias a las instituciones que trabajamos con discapacidad. Indudablemente, es insuficiente. Ahora son unos 4.000 pesos, insuficientes para hacer frente a todos los servicios que demanda esa persona. La respuesta del BPS es que lo hacen para que esa persona concurra dos veces por semana a la institución”, apuntó Hermín.
Graña acotó que “el perfil no es ese. Cuando son instituciones que acogen al niño de lunes a viernes, cuatro horas todos los días, y se da otro tipo de servicio integral y para discapacidades mucho más severas, no están discriminadas las ayudas. Tendrían que haber cosas mucho más específicas para este tipo de instituciones; es un tema que está pendiente hace muchos años”.
Por otra parte, para acceder a estas ayudas extraordinarias el BPS tiene una serie de exigencias que implican costos. “Tenés que tener servicio de psicólogo, servicio de fonoaudiólogo, psicomotricista, fisioterapeuta, tenés que tener determinadas instalaciones locativas mínimas, toda una infraestructura que en definitiva tiene un costo importante para cada asociación, que normalmente son sin fines de lucro y que, salvo esa ayuda, dependen de la colaboración de los integrantes y la beneficencia; no redunda en la contrapartida que después BPS vuelca la institución”, agregó el abogado.