Nacionales | 13 Jul No hay posibilidad de que el Estado financie con recursos propios la infraestructura necesaria para el desarrollo del país; sin embargo, las AFAP están dispuestas a invertir hasta U$S 4.000 millones en proyectos de Participación Público Privada (PPP) si hay propuestas atractivas y de bajo riesgo, según El País.
La ley de las PPP está disponible desde mediados de 2011, pero solo la cárcel Punta de Rieles y la refacción de tramos de las rutas 21 y 24 están próximos a concretarse.
Los plazos para la aprobación de los proyectos son largos e intervienen los ministerios interesados en promover la obra, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), al tiempo que el Poder Ejecutivo prevé un ajuste en su decreto reglamentario para agilizar la aprobación de las propuestas.
El ahorro de los trabajadores en el sistema asciende a U$S 11.000 millones y la ley permite que el 50% pueda ser invertido en el sector productivo, no directamente sino a través de diversos instrumentos financieros como acciones, obligaciones negociables o fideicomisos. Un 12% de los fondos ya está invertido en actividades productivas y por eso quedan libres entre U$S 3.500 y US$ 4.000 millones para destinar a proyectos de infraestructura, dijo a El País la gerente general de Unión Capital, María Dolores Benavente.
En breve se presentará a oferta pública el proyecto de la cárcel de Punta de Rieles y las AFAP podrán participar, ya que en su mayoría tienen interés en esta iniciativa. El presidente de República AFAP, Luis Costa, confirmó que “están dadas las condiciones” como para participar en este proyecto.
Mientras tanto, el Ministerio de Transporte prepara otros “seis paquetes” para licitar la rehabilitación de 1.300 kilómetros de rutas bajo el régimen de asociaciones de PPP, lo cual demandará una inversión de unos U$S 650 millones.
Pese al debate que existe en torno a la ley de Participación Público Privada (PPP), los analistas coinciden en que no son necesarias modificaciones. El socio director de Ferrere Abogados, Andrés Cerisola, dijo a El País que “la ley no necesita ser modificada, pero hay que cambiar la forma en que se ejecuta; tal vez hay un proceso de excesivos controles”. A su juicio, en el gobierno del presidente José Mujica “no había suficiente impulso y liderazgo para que los proyectos avanzaran”, al tiempo que parte del problema era que los diferentes organismos “no se hablaban entre sí”.
El abogado Diego Gamarra, del estudio Posadas, Posadas & Vecino, señaló a El País que “la ley es perfectible, pero es adecuada”, mientras que el problema central fue el “exceso de burocracia”.

AUMENTAN ATAQUES INFORMÁTICOS
En los primeros seis meses de 2015 hubo 378 ataques informáticos atendidos por el Centro de Respuestas de Seguridad Informática (CERTuy), casi en su totalidad contra oficinas del Estado y bancos.
CERTuy, la oficina que depende de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), que a la vez responde a la Presidencia de la República, clasifica los incidentes por nivel de severidad y advierte que el 1% representó una peligrosidad “muy alta” y el 7% “alta”.
“Los incidentes graves muchas veces suceden cuando un hacker logra acceder de manera completa a un sistema”, explicó a El País el director de CERTuy, Santiago Paz. Explicó que el protocolo establece que no se hace público cuáles son las instituciones que son víctimas de ataques y realizó “una equivalencia con la computadora de cualquier persona”. Ejemplificó que “si alguien entra a su máquina puede ver si tiene fotos o algún documento, pero también puede empezar a rastrear si no hay contraseñas de tarjetas de un banco o de crédito. Si hay un correo abierto también puede entrar a él para buscar información. Y así va rastreando. Esto mismo, a mayor escala, pasó en una institución que no puedo decir cuál es. Este es considerado un incidente muy grave”.
La mayoría de los ataques, el 36%, tienen que ver con una técnica denominada Phishing, y que consiste en engañar a los usuarios para que sean ellos mismos los que revelen los datos. Una práctica común es mandar un correo electrónico que supuestamente es de un banco de plaza, en el que se expresa que por disposiciones internas es necesario cambiar la contraseña. El usuario hace click en un link que supuestamente lo lleva a la web del banco, pero en realidad entra a una página clonada. Una vez que coloca su clave bancaria, esta queda en manos de los hackers.
Otra práctica, cuenta Paz, es recibir un supuesto mail de un familiar que dice estar en el extranjero, cuenta un problema (que lo robaron, que perdió la plata, lo que sea) e insta a la persona a que le haga un giro de dinero. Cuando estos ataques son masivos, es decir que muchos funcionarios los reciben, o involucran a algún banco, es que actúa CERTuy.

CUATRO ASESINATOS EN SOLO 24 HORAS
Cuatro personas fueron asesinadas en 24 horas y la Policía tiene pistas en un caso ocurrido en Salto. En los otros tres homicidios, los investigadores procuran evidencias para poder responsabilizar penalmente a los autores.
En la noche del viernes 10, fue encontrado el cuerpo sin vida de Lucía Díaz, una joven de 27 años que se había acercado a la zona del helipuerto del sanatorio Mautone para contar con señal de wifi y chatear con su padre que reside en España. Los restos fueron hallados detrás de unos arbustos junto al helipuerto, ubicado a tres cuadras de la casa de la víctima.
Los investigadores fernandinos detuvieron o citaron a cinco personas, entre ellos el exmarido de Díaz, un exnovio, un cuidacoches que la vio muerta y no lo denunció, y una madre y su hijo menor de edad. La Policía cree que una expareja de Díaz podría estar implicada en el homicidio, en tanto en enero pasado, ese hombre la trató de ahorcar y en abril fue denunciado por su propia madre por tener con ella un comportamiento violento.
El segundo homicidio también ocurrió en Maldonado. Una mujer de 64 años, que padece el síndrome de Diógenes, fue encontrada muerta en su domicilio. Los investigadores policiales suponen que un ladrón ingresó a la finca de la víctima a robar y luego la emprendió a golpes con la anciana pensando que podría tener algún dinero escondido entre las bolsas de basura.
Por otro lado, la Policía investiga la muerte de un hombre en el barrio La Paloma de Montevideo, quien se encontraba caído con su casco de motociclista puesto, pero no había rastros de la moto. El médico de guardia diagnosticó que sufrió una herida de bala en el tórax.
En Salto, la Policía fue alertada que, en la intersección de las calles Catalán e Industria, se habían escuchado disparos de armas de fuego. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un conocido delincuente de 26 años agonizando, con un balazo en la cabeza y tres en el cuerpo. La Policía detuvo a dos sospechosos de haber cometido el crimen y este es el único caso en que los efectivos cuenta con pistas firmes sobre los autores, según El País.

UN 86% DECLARÓ CONFLICTO DE INTERÉS
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) definió que solo autorizará procedimientos a quienes tengan la declaración de potenciales conflictos de interés. En tal sentido, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo a 180 que un 86% de los médicos lo hizo.
Esta disposición que comenzó a aplicar el fondo cumple con una ley con tres años de vigencia, pero que el organismo decidió aplicar por etapas. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), de los profesionales que se vincularon con el FNR durante el 2014 --casi 2000 en total-- un 86% firmó la declaración y al restante 14% no se les reconocerán las solicitudes.
Este era el último colectivo con vinculación al organismo que debía completar el formulario que exige la ley y el FNR dio una prórroga hasta junio, porque cuando se venció el primer plazo solo un 40% lo había completado.
El ministro Basso dijo que este resultado es “positivo” y que el universo de profesionales que puede tener una vinculación con el FNR no es mayor a este, ya que los procedimientos son muy específicos.
El 14% que no firmó representa un problema para las autoridades, porque los pacientes pueden quedar de rehenes si el procedimiento no se autoriza. Por eso el mecanismo para solucionar un conflicto que estableció el MSP es que en esos casos será el director técnico de la institución el que habilite el pedido y luego deberá solicitarle la declaración al médico.