662.000 DÓLARES

Locales | 25 Jul La Administración del exintendente Mario Bandera, durante el período de transición, no informó a la entrada de Guillermo Caraballo que con fecha 11 de mayo (el lunes siguiente a las elecciones departamentales y municipales) había recibido la notificación de la Suprema Corte de Justicia que se rechazaba el pedido de casación interpuesto como tercera instancia en un juicio por “alrededor de 19 millones de pesos”. Esto dejaba firme la resolución del Tribunal de Apelaciones que condenaba a la Intendencia Departamental de Paysandú.
El recurso de casación fue rechazado porque ingresó fuera de fecha, después de los diez días que prevé una ley de 2011, que redujo de 15 a 10 días ese plazo en juicios laborales. La actual Administración se enteró el jueves pasado que había perdido el juicio y del monto a pagar, cuando el Juzgado Letrado de Sexto Turno envió a Asesoría Letrada el “téngase presente” y el “cúmplase” de rigor.
En la tarde de ayer, el intendente Guillermo Caraballo convocó a conferencia de prensa “urgente” para dar a conocer la información porque –dijo– “el acceso a la información es una cosa muy importante para los medios y para los ciudadanos. Vamos a ser celosos cuidadores que este principio rija este período de gobierno”.

TRABAJADORES INICIARON EL JUICIO
El juicio fue iniciado “siete años atrás” por la empresa Mir S.A., de Maldonado, después que la Administración Julio Pintos dejara sin efecto el contrato por el cual llevaba adelante obras financiadas por el BID en los barrios Chaplin y Curupí. “Hubo sobrados motivos para proceder de esa manera porque la empresa tuvo múltiples incumplimientos, no solo en la obra en sí misma sino también falsificando documentos, lo que determinó denuncias penales”, explicó el asesor letrado Federico Petraglia, quien se encontraba junto a Caraballo, lo mismo que varios directores generales y directores.
Los 54 trabajadores de la obra, tras esa decisión de la Intendencia, “iniciaron el juicio en reclamo de los seis meses de salario que aún deberían percibir por el plazo de término de obra y las horas extra”, agregó.
Tras recibir la notificación, Asesoría Letrada estudiará en detalle el juicio, revisará la cifra total, que Caraballo dijo es de “alrededor de 19 millones de pesos”, o más de 662.000 dólares al cambio de ayer. Luego, “trataremos de hablar con el abogado de los actores para acordar el pago y si es posible recomponer la cifra total”, expresó Petraglia.

“OCULTAMIENTO DE INFORMACION”
Guillermo Caraballo, visiblemente molesto por la situación porque esos 19 millones de pesos a pagar “cambian totalmente el dibujo económico presentado en el período de transición”, dijo que “hubo un evidente ocultamiento de la información”, porque “nada se nos dijo durante el período de transición. A mí el (entonces) intendente (Mario) Bandera nada me dijo. Y la comunicación llegó a la Intendencia el 11 de mayo. Nada se nos dijo y no aparece en ningún documento que se había perdido este juicio, que era por este monto, y que iba a pagarse por parte de la entrante Administración”.
Caraballo explicó que desde su punto de vista “esto no hace bien a la calidad institucional. El acceso a la información es muy importante y a mí Bandera no me dijo nada de esto ni (Martín Etchebarne, entonces director de Asesoría Letrada) le dijo nada al doctor Petraglia”.
“La población de Paysandú debe saber cómo pasó esto porque los sanduceros todos vamos a tener que pagar esto en los próximos días”, expresó el intendente. El dictamen de primera instancia fue favorable a la Intendencia, el de apelaciones desfavorable y ante la Corte Suprema de Justicia (por tres a dos votos de sus miembros) condenatorio “porque no se presentó en tiempo y forma el recurso”.
“Además”, agregó Petraglia, “no solamente no se nos comunicó durante el proceso de transición, sino que tampoco se respondió una pregunta específica que por escrito se presentó preguntando sobre juicios en proceso, si había juicios condenatorios y el monto a pagar. No se respondió nada cuando desde el 11 de mayo se sabía. Y la pregunta fue hecha en junio, no hay manera de eludir algo así, salvo voluntariamente”.

SE ENTERARON POR EL JUZGADO
Federico Petraglia subrayó que se enteraron “por el juzgado. Ahí mismo pedí a las funcionarias administrativas el expediente y comuniqué la situación al intendente”, en la tarde del jueves. En el expediente “está el monto porque estaban hechas las estimaciones que había hecho Jurídica en su momento de cuánto se debería pagar si el juicio era condenatorio”.
“Acá hay una responsabilidad clarísima de la Administración anterior, porque cuando hay un plazo para interponer un recurso es una obligación de resultados cumplirlo. Después se puede ganar o perder”, agregó el titular de Asesoría Letrada. “Habíamos (la Intendencia) ganado en primera instancia, perdido en segunda y en la instancia de casación teníamos la oportunidad que la ciudadanía de Paysandú quedara libre para pagar un peso de esa deuda. Esa chance a la ciudadanía de Paysandú se la quitó por la presentación tardía del recurso de casación. Esa es una cuestión objetiva”, explicó Petraglia.
El intendente Caraballo, además, dijo que “quien debía proceder era Jurídica de la Intendencia, a cargo de (Martín) Etchebarne. Y en un juicio de estas características, con connotaciones económicas y políticas, en general es el titular quien lo maneja y se hace responsable”.
Consultado en cuanto a la situación en la que queda la Intendencia, si este monto no previsto que se deberá pagar pone de alguna manera en riesgo el pago de cuentas corrientes o haberes, el intendente expresó: “No me ponga en ese apriete. Desde ayer estamos reordenando el dibujo. Estamos en sesión permanente del gabinete para darle rápida solución”.