Paysandú, Lunes 05 de Junio de 2017
Nacionales | 28 Jul "Es una inversión récord en la historia del país”, afirmó el presidente Tabaré Vázquez al anunciar que se destinarán 12.000 millones de dólares a infraestructura durante este período de gobierno. “La inversión es condición necesaria para sostener el crecimiento que el país ha tenido en los últimos 10 años”, sostuvo.
Luego del Consejo de Ministros, Vázquez anunció en conferencia de prensa, acompañado por todo el gabinete, la aprobación de la inversión de 12.000 millones de dólares para el programa de infraestructura, según informó Presidencia.
Vázquez recordó que durante la campaña electoral propuso un Plan Nacional Estratégico de Infraestructura y, en ese marco, dio a conocer la inversión que se realizará como “condición necesaria para sostener el crecimiento que el país ha tenido en los últimos 10 años”, y añadió que Uruguay “seguirá creciendo”.
En tanto, señaló que el 66% de la inversión presentada será financiada por fondos públicos y el tercio restante con privados. Vázquez aseguró que no está previsto el uso de reservas internacionales y destacó que estas inversiones serán una “extraordinaria” fuente de empleo decente que aportará al fin principal, que es mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
Sobre los rubros en los que se distribuirán las inversiones, especificó que en materia de energía serán 4.230 millones de dólares que se discriminan de la siguiente manera: 1.370 para UTE, 270 millones para Ancap, 390 millones para la regasificadora, 460 millones en sistemas de participación público-privada, leasing y fideicomiso para la transmisión de UTE y, finalmente, 1.740 millones PPA (Power Purchase Agreement, por su sigla en inglés) para eólicos, energía solar y biomasa.
Sobre vialidad informó que se destinarán 2.360 millones, distribuidos en 740 millones para participación público-privada, 1.590 millones para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Vial, y 30 millones de dólares para las concesiones de las rutas 5 y 8.
En infraestructura social, que incluye la educativa, hospitalaria, en materia de cuidados y seguridad ciudadana, se invertirán 1.870 millones, en vivienda unos 1.320 millones, en comunicaciones se invertirán 750 millones, para agua y saneamiento se destinarán 550 millones y en puertos la cifra es de 550 millones.
Para red ferroviaria habrá 360 millones que se discriminan así: por Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) serán 200 millones más de 10 condicionados a la reforma ferroviaria; proyecto de participación público-privada Algorta-Fray Bentos serán 90 millones y para material rodante 60 millones.
Para el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) se destinarán 200 millones, para el sector cemento de Ancap habrá 80 millones y otras obras contarán con 100 millones, lo que hace un total de 380 millones de dólares.
Vázquez manifestó que estas inversiones “van a optimizar las capacidades productivas que tiene Uruguay y su proyección como polo logístico” y permitirán “incrementar el bienestar social y mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos”.
PIDEN CREAR 60 ESCUELAS
El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) incluirá en su solicitud presupuestal la creación de 60 escuelas comunes en las que se cumpla la inclusión de niños con discapacidad.
El objetivo es instalar 15 por año hasta 2020. Teniendo en cuenta las 18 escuelas de este tipo que ya existen en el país, las autoridades prevén llegar al final del quinquenio con 78 centros, según informó a El Observador la directora general del CEIP, Irupé Buzzetti.
El objetivo de Primaria con la extensión del programa de escuelas Mandela, que funciona desde 2013 y cuenta con el apoyo de Unicef, es procurar “que la inclusión educativa sea una realidad en la convivencia cotidiana”, manifestó Buzzetti.
Precisamente este es un reclamo de la sociedad civil, donde diversas organizaciones solicitan a las autoridades que la educación inclusiva sea una política de Estado.
Según datos que maneja la Fundación ProIntegra, que trabaja para la inclusión de las personas con discapacidad, el censo de 2011 señaló que en Uruguay hay 50.000 niños y adolescentes con discapacidad, de los cuales solamente 12% concurre a un centro educativo con regularidad.
A su vez, según datos aportados por el CEIP al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), a diciembre de 2014 concurrían a la escuela pública unos 14.487 niños con discapacidad, además de los 5.033 que asistían a las escuelas especiales.
Buzzetti señaló que a cada escuela del programa Mandela concurren aproximadamente dos o tres niños con discapacidad. En total suman unos 50. La directora de Primaria señaló que concurren acompañados por un ayudante terapéutico, que corre por cuenta del Banco de Previsión Social (BPS) o de la propia familia, según el caso.
Por su parte, Primaria pone a disposición el apoyo de un maestro itinerante de las escuelas especializadas para que ayude al niño en lo que necesita (sistema braile, lengua de señas, y otras herramientas de acuerdo a la necesidad de cada escolar).
Este profesional concurre al centro tres veces por semana y entre sus actividades también debe explicar a los pares cómo entender y relacionarse con el compañero con discapacidad.
Desde 2014 el CEIP desarrolla centros inclusivos y comunitarios. La diferencia con las escuelas Mandela es que en este caso se unen dos centros, uno común y uno de educación especial.
El primero de ellos se ubica en Río Branco (Cerro Largo), donde la escuela especial Nº 137 se unió con el jardín de infantes Nº 136. El otro se ubica en Tranqueras (Rivera), donde la escuela Nº 3 se fusionó con la escuela especial de la localidad.
En ambos casos, Buzzetti explicó que se acondicionó el edificio para facilitar la inclusión.
La jerarca manifestó que con estas políticas se pretende que los niños aprendan a socializar con la discapacidad desde chiquitos. “Cuanto más chico sea el niño, más fácil le será después trabajar en solidaridad y respeto hacia el otro”, dijo.
OPOSICIÓN RESPONSABILIZÓ AL MINISTRO HUIDOBRO
Hoy tendrá lugar la interpelación al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, por el robo de 18.000 municiones de la base aérea de Durazno, hecho por el cual la oposición responsabiliza al ministro, por desconocer este incidente registrado a fines de 2014.
Huidobro se enteró del robo de las municiones en esa repartición de la Fuerza Aérea cuando el diputado nacionalista Jaime Trobo le envió una solicitud de información sobre el caso, a fines de junio. En ese momento el ministro comenzó una investigación para corroborar la falta de municiones y para determinar quién le ocultó lo sucedido durante seis meses, según informó Subrayado.
El diputado Trobo llevó a sala al ministro, lo hizo responsable de la situación, y en el mismo sentido se expresó el diputado colorado Ope Pasquet. “Son responsables por lo que hacen y por lo que ignoran”, señaló.
Por su parte, Huidobro afirmó que “está comprobada la deslealtad” de algunos mandos de la base aérea de Durazno, que no le avisaron del robo de municiones.
También dijo que esa deslealtad “es peor que el faltante de las municiones”.
“Porque si la deslealtad se generaliza puede pasar cualquier cosa y faltar municiones y mucho más”, agregó. “Esto no es una tontería porque agrava lo que pasó. Es gravísimo”, enfatizó el ministro.
APLAZARON VOTACIÓN POR INVESTIGACIÓNDE ANCAP
La bancada del Frente Amplio anunció que votará mañana por la mañana la conformación de una comisión investigadora sobre los números de Ancap, reclamo que presentó formalmente el Partido Nacional.
En el marco de una estrategia ya claramente dirigida a confrontar con el gobierno, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou advirtió que su sector espera que con la comisión parlamentaria investigadora sobre Ancap que solicitó comience una discusión más amplia sobre el uso de los recursos públicos, según informó El País.
Ayer se reunió en el Senado la comisión preinvestigadora, donde el senador nacionalista Álvaro Delgado entregó 12 carpetas con los temas que propone investigar sobre la gestión de Ancap.
Por el Frente Amplio, integraron la preinvestigadora los senadores Ruben Martínez Huelmo y Marcos Otegui, mientras que el Partido Nacional estuvo representado por José Carlos Cardoso.
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