NO HALLARON "IRREGULARIDADES" DENUNCIADAS POR ABOGADOS

Policiales | 27 Nov No surgieron indicios que permitieran corrobar la existencia de ninguna de las irregularidades investigadas por orden de la Suprema Corte Justicia (SCJ) en los juzgados sanduceros a instancia de una denuncia remitida por el Colegio de Abogados de Paysandú, según confirmó a EL TELEGRAFO el encargado de la División de Comunicación Institucional del Poder Judicial, doctor Raúl Oxandabarat.
La inspección fue llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo de Servicios Inspectivos que se encarga, en forma regular y continua, de inspeccionar los juzgados de todo el país, pero que en este caso instrumentó una inspección estrictamente encomendada por la Suprema Corte de Justicia, en razón de las denuncias presentadas por los abogados. La inspección consistió en evaluar el funcionamiento de la oficina, incluyendo documentos, manejo de las mesas, y como se llevan a cabo los trámites. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Larrieux, señaló a medios capitalinos que "las inspecciones no revelaron nada grave. Se hace referencia a la necesidad de algunos funcionarios, equipos informáticos y equipos de aire acondicionado".
"No se encontró mérito para instrumentar ninguna investigación administrativa profunda ya que los indicios que surgieron de la inspección de todos los juzgados no ameritan realizarla", puntualizó el doctor Oxandabarat, quien añadió que "tampoco va a haber ningún tipo de sanción".

LAS "DENUNCIAS" DEL COLEGIO
Las irregularidades desechadas a través de la inspección fueron expresadas a través de una extensa nota dirigida por el Colegio de Abogados, bajo la firma de Pedro Dávila Collazo y Julio Andrés Campopiano Gargagno, en sus respectivas calidades de presidente y secretario, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Según expresa la nota, su objetivo fue poner en conocimiento del presidente de la Suprema Corte inquietudes planteadas por los afiliados al Colegio de Abogados "desde tiempo considerable", vinculadas "al funcionamiento en general del Poder Judicial de las sedes del departamento de Paysandú". En primera instancia, se denuncia "falta de compromiso del funcionariado, traducido en la ineficiencia del servicio de Justicia; sea en la atención tanto a abogados como secretarios, como en extravíos de expedientes", consignándose asimismo que "no se advierte el modo de allanar dichas situaciones, con debilidades en el funcionamiento del principio de autoridad funcional, que permitan corregir las diferentes vicisitudes"·
Concretamente, la nota remitida al presidente de la Suprema Corte subraya que "en caso de Juzgados de Familia que están de turno y existen ya diferentes audiencias, se constatan considerables esperas".
Según el Colegio de Abogados, en "una audiencia evaluatoria de violencia doméstica o divorcio por sola voluntad se dan esperas de hasta tres horas, realizándose audiencias de nuevos expedientes de violencia doméstica o situación de menores postergando la agenda preestablecida".
Asimismo, los abogados advierten que en esas sedes "hay una gran demora para presentar escritos u obtener datos", a la vez que se sugiere "una adecuada coordinación con Defensoría de Oficio que concurre con gran cantidad de expedientes, obstaculizando la atención a los profesionales y sus secretarios", situación que --según la nota-- es agravada por "la gran cantidad de personas particulares que acceden a las barandas de la sede, lo cual es una circunstancia más que agrava las demoras, por lo que sugerimos que se aplique la acordada de larga data que establece prioridad en la atención de los profesionales".

"TRATO DESIGUAL"
Por otra parte, la nota del Colegio de Abogados asegura que sus socios constataron "trato desigual por parte de la sede con Fiscalía y Defensores de Oficio, traducido en permitir el ingreso a las salas de audiencia de forma previa al ingreso de todas las partes y con cierta familiaridad, así como la espera al Defensor del Oficio, luego de que el profesional estuvo esperando varias horas la celebración de la audiencia fijada".
Otro tema de consideración planteado por los abogados se refirió al "funcionamiento en general de los Juzgados de Paz donde no se advierte que funcione, salvo excepciones, el principio de autoridad", además de "la lentitud de aquellos expedientes que los actuarios letrados nos reciben, siendo derivados a Montevideo a Servicios Inspectivos con la consiguiente demora".
También se alertó que en los juzgados penales quedan "asuntos pendientes de diligenciamiento de prueba y de resolución desde larga data", así como "inconvenientes en lograr la obtención de testimonios con prontitud de asuntos fuera de trámite que no revisten particularidad".

"JUZGADOS CERRADOS"
Por último, respecto a los juzgados de paz del interior del departamento, el Colegio de Abogados sugirió al presidente de la Suprema de Corte de Justicia la conveniencia de "contar con un protocolo de actuación que imparta esa Corporación a efectos de atender las situaciones en que los profesionales concurren a presentar un escrito (muchas veces en vencimiento) y el juzgado se encuentre cerrado en día hábil, por razones de que el juez se encuentra realizando una medida o notificación".
Finalmente, la nota solicita que "realizar una inspección sin noticia en todas las sedes judiciales del departamento a fin de practicar un relevamiento minucioso de la labor desarrollada en cada área", así como, cumplida la inspección, adoptar "las máximas medidas a efectos de dar cumplimiento con eficiencia y eficacia con el servicio de Justicia en departamento de Paysandú". No obstante, la inspección ordenada por la Suprema Corte de Justicia no pudo constatar la existencia ninguna de ésas anomalías denunciadas por el Colegio de Abogados.