Locales | 12 Feb La Intendencia Departamental de Paysandú denunció a la Administración Bentos por un delito de fraude (artículo 160 del Código Penal) en la Justicia Penal. La denuncia presentada en la víspera por el encargado de la Dirección de Asesoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia, establece que se encontraron "hechos con apariencia delictiva", a partir del "expediente administrativo Nº 40/0156/2015" que "constató irregularidades en varios proyectos vinculados al Presupuesto Participativo ediciones 2012 y 2013 llevados adelante en la pasada administración del gobierno departamental".
"En el caso, en las ediciones 2012 y 2013, algunos de los proyectos ganadores fueron los centros CAIF Norte, Artigas, Purificación III y Don Bosco", se establece para luego informar que una vez asumida la Administración Caraballo, el entonces responsable del área de Presupuesto Participativo, Enrique Malel, "comenzó una tarea de supervisión de todos los proyectos en marcha. En ese contexto es que se descubrió en los referidos centros, que una serie de construcciones que allí debieron realizarse de acuerdo a las rendiciones de cuenta efectuadas, nunca se ejecutaron. Cabe agregar que la Auditoría externa llevada adelante por la empresa RSM, en su informe del día 2 de diciembre de 2015 también alerta sobre la existencia de proyectos del Presupuesto Participativo a los que califica de problemáticos en su hoja 46, estimando que las sumas involucradas en los mismos alcanzan a la cantidad de 1.110.000 pesos, aspecto que también debería ser parte de la presente investigación penal".
La denuncia por tanto establece que los hechos "con apariencia delictiva" quedaron determinados por la vía de una investigación interna y posteriormente ratificados por la auditoría externa.
La pieza judicial presentada por Asesoría Letrada establece además que "aún sin existir obra alguna ejecutada, los responsables del gobierno departamental de la época, igualmente efectivizaron adelantos de dinero en función de rendiciones de cuentas, contra la presentación de facturas contado por la realización de esas supuestas obras inexistentes".
Los documentos fueron entregados por una empresa (cuyo nombre EL TELEGRAFO se reserva) y son correlativos pese a que fueron entregados en fechas diferentes. "Existen facturas por concepto de 'levantamiento de muros', 'armado de hierro', 'continuación levantamiento de muro', 'aislación para la humedad', 'continuación de muro', 'realización de dados, armado de hierro', 'relleno de terreno', 'realización de cimentación', etcétera, obras todas ellas que en las inspecciones realizadas en la investigación de urgencia se constató, no existen".
En la denuncia asimismo se establece que la empresa tiene 510.000 pesos "propiedad de esta Intendencia, que le fueron entregados en pago por obras inexistentes; resulta evidente que se han extendido facturas contado con contenido falso, obteniendo por dicho mecanismo fraudulento una retribución en perjuicio de la Administración, ya que, como se viene diciendo y se reitera, ninguna de estas obras fueron siquiera comenzadas".
"Se han falsificado documentos privados como parte de una puesta en escena que perseguía la inducción en error de la Administración", se indica en el cuerpo de la denuncia. Esto habría sido realizado "para procurarse un provecho en perjuicio de ésta, perjuicio que en la hipótesis consistió en la suma que obra en poder" de la empresa contratada.
Por otra parte, se determina que el entonces encargado del Presupuesto Participativo, Roque Jesús, y una funcionaria de los centros CAIF "estaban en pleno conocimiento de esta situación, no adoptando medida de especie alguna, a pesar que era su responsabilidad funcional el control del buen manejo de estos dineros públicos". Con la documentación presentada, no solamente se pretende que se investigue lo denunciado, sino que además "puede ser la piedra de toque para el inicio de una instrucción que abarque un sinnúmero de irregularidades detectadas en la pasada Administración".