Locales | 15 Abr El Presupuesto Nacional no asignó recursos al Poder Judicial, por lo que se está funcionando con un presupuesto pensado para hace cinco años. Esa situación ya fue puesta de manifiesto en su momento por el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, e incluso se instaló un Comité de Crisis para definir medidas que permitan hacer frente a la adversidad.
En nuestra ciudad abogados que ejercen la profesión de forma liberal aseguraron a EL TELEGRAFO que esta escasez de recursos ya se está haciendo sentir y han llegado al caso de organizarse para comprar hojas de fotocopia.
"Como hay presupuesto cero por el Presupuesto Nacional, no se les dio más a lo que ya tienen previsto el Poder Judicial y hoy por hoy falta todo tipo de insumos. Nosotros, por ejemplo, pedimos un certificado de un expediente o un testimonio de un expediente y nos dan el expediente para sacar fotocopia, que no deberíamos, o directamente nos piden que llevemos hojas para fotocopias. No nos dan las copias de las audiencias, no nos dan copias de acuerdos, salvo que llevemos el papel, que no corresponde", señaló un profesional consultado, quien solicitó no ser identificado.
El abogado aseguró que estos problemas están pasando en todo el país "y tengo entendido que acá jueces han mandado comprar hojas" pagadas por ellos mismos.
El profesional señaló que "ahora, por ejemplo, en redes sociales los abogados estamos tratando de juntar plata para comprar hojas, nos hemos mandado mensajes por WhatsApp y estamos viendo de hacer una colecta para comprar hojas. Pero no tienen ni para comprar lapiceras y hay funcionarios que se llevan sus propias lapiceras. Cada funcionario tiene una cartuchera con su goma y lápiz que trae de su casa".
La fuente agregó que solamente están recibiendo comunicaciones por vía electrónica. "Te mandan una notificación por Internet si vos querés un certificado, un testimonio, lo que sea de un expediente, y te piden que saques el expediente para sacarle fotocopia. No tienen para comprar las hojas para las copias de las audiencias, certificados y testimonios", dijo. "Tratan de utilizar lo menos posible la fotocopiadora porque no tienen tonner, no tienen plata para comprarlo. Todo eso conlleva pérdida de tiempo y de plata", agregó.

INSUFICIENTE
Ante la consulta efectuada sobre esta situación, desde la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia se indicó a EL TELEGRAFO que, actualmente, la asignación mensual de papel es de tres mil hojas por cada sede (es decir por cada juzgado). "La provisión de esta cantidad de papel se está cumpliendo con periodicidad normal en todo el país", aseguraron.
El remitido que lleva la firma del director de la división, Raúl Oxandabarat, agrega que, de todos modos, en razón de las "especiales exigencias" de dichas materias, desde los juzgados de Familia y juzgados Penales de Paysandú denuncian que "esa provisión deviene insuficiente" y que por esa razón han solicitado formalmente el incremento de esta cantidad. Por otra parte, se consultó a uno de los delegados del sindicato de los funcionarios judiciales, Carlos Giovaninni, quien planteó una realidad muy distinta, al punto de señalar que están funcionando "normalmente". El dirigente indicó que los insumos "a veces demoran en llegar, pero no, no hay nada de eso", al referirse a la insuficiencia de materiales.
Giovanini añadió que no tiene conocimiento de faltantes de la magnitud que afirman los profesionales. "Eso no implica que si quieren donar hojas lo pueden hacer. Normalmente, se les saca fotocopias a ellos por parte del juzgado, que no correspondería, pero nosotros tenemos hojas, demoran a veces en llegar por distintas razones, pero desconozco que haya una situación de esa naturaleza".

COMITÉ
El 19 de enero pasado, en la página web de la Suprema Corte de Justicia, se destaca la integración de un "Comité de Crisis" que propuso numerosos ajustes para sobrellevar la situación deficitaria. El grupo de trabajo está integrado por los ministros y directores generales de diferentes servicios y divisiones del Poder Judicial.
Entre las medidas que se resolvieron están: no realizar traslados de sedes ni apertura de nuevas oficinas judiciales, excepto las ya dispuestas; no realizar nuevas instalaciones de salas de videoconferencias, cableado de datos ni equipamiento informático, salvo lo que ya fue aprobado; además, propuso una lista de gastos que pueden ser objeto de reducción.
En esa lista figuran: suprimir el envío de cartas certificadas en todos los juzgados del país y comunicarle al correo; abonar a la IMM únicamente la tasa de saneamiento de aquellos inmuebles que son arrendados y suspender el pago de dicha tasa a los inmuebles que son propiedad del Poder Judicial; no aumentar el gasto en transporte y mantener los contratos actuales; reducir servicios de vigilancia contratada con empresas privadas; limitar el gasto en pasajes al exterior; reglamentar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia sobre el servicio de certificaciones médicas en Montevideo para suprimir el servicio con empresa; extender la telefonía IP y limitar el uso de teléfonos fijos del Poder Judicial bloqueando llamadas urbanas a funcionarios, haciendo responsable al jerarca administrativo de la oficina. En cuanto a los servicios de limpieza, se decidió mantener los servicios de limpieza con las frecuencias actuales y no comprometerse con contratos por tiempo prolongado.