Nacionales | 29 May Luego del enfrentamiento entre la Policía y dos jóvenes del barrio Marconi, que tuvo como saldo la muerte de uno de ellos y que llevó a que un grupo de vecinos se manifestara con pedreas y la quema de dos autos y un ómnibus, las autoridades de la zona buscan soluciones a los “daños colaterales” de los incidentes en la vida cotidiana del barrio.
La empresa de ómnibus Coetc realizó un corte parcial de todas sus líneas, y anunció que el servicio 405, el único que cruza el barrio Marconi, ya no pasará más por allí, sino que recorrerá exclusivamente desde y hacia Libia y Camino Maldonado hacia el Parque Rodó. La decisión se adoptó tras las agresiones al guarda, conductor e inspector de un coche de esa línea que resultaron agredidos por un grupo de personas que incendiaron el vehículo. “Si el ómnibus no entra es toda una complicación” para quienes deben salir del barrio a trabajar, explicó a El Observador la alcaldesa del municipio D, donde se encuentra el barrio Marconi, Sandra Nedov, por lo que se intentará trabajar con las organizaciones sociales del barrio para “ver cómo recomponer todo ese daño colateral, a partir de una situación puntual”.
Por otra parte, según dijo Nedov, la policlínica que funciona en el barrio no abrirá sus puertas durante este fin de semana, a raíz de la pedrada que recibió un médico de ASSE que llegaba a trabajar a ese centro asistencial y le causó la fractura de un hueso de la parte inferior del cráneo.
En tanto, Primaria monitorea la situación en el barrio para evaluar la continuidad de las clases. Consultado por El Observador, el consejero de Primaria, Pablo Caggiani, dijo que están en contacto con las autoridades locales y que aún no hay tomada una decisión, por lo que en principio mañana lunes las clases se dictarán con normalidad.

PLANTEAN USO DE RESERVAS PARA OBRAS PÚBLICAS
En búsqueda de alternativas a la suba del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de los $ 33.400, un grupo de sectores del Frente Amplio trabaja sobre la base de crear tres nuevas franjas para gravar a los salarios más altos y el uso de las reservas internacionales para promover la obra pública. El Movimiento de Participación Popular (MPP), la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, el Partido Comunista y Casa Grande coordinan políticas alternativas al aumento del IRPF. Una de las opciones que manejan es la creación de tres nuevas franjas en el tramo comprendido entre los $50.000 y 167.000. La primera podría ser entre 60.000 y 100.000 y la segunda de entre $ 100.000 y $ 160.000, informaron a El País fuentes de la coalición de izquierda.
Además se maneja la creación de un fondo especial de inversión para fomentar la obra pública y generar empleo. Para esto se propone usar U$S 500 millones de las reservas que tienen libre disponibilidad. En los primeros tres años, por como está armado el sistema de Proyectos de Participación Público Privada (PPP), el nivel de riesgo lo corre casi el 100% el inversor privado. Por lo tanto, se busca hacer un fondo común con las AFAP y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Otra posibilidad que se maneja implica un mayor gravamen al capital por medio del cobro de más Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.

ALAS U DISPUESTA A VENDER ACCIONES
Acosada por la falta de capital, Alas Uruguay reconoce que está dispuesta a vender acciones o incluso el total de la compañía, así como culpa a la Dirección Nacional de Aviación por las demoras excesivas en la certificación de los aviones y al gobierno por no dar un nuevo apoyo financiero.
En plena época de ajustes y con el amargo recuerdo del cierre de Pluna sobre las espaldas del Frente Amplio, Alas Uruguay siente que no obtuvo el apoyo que hubiera querido por el gobierno y apuesta a que la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) inyecte dinero a la compañía. La explicación a por qué necesitan más capital tras el préstamo del Fondo de Desarrollo (Fondes) por U$S 15 millones, la empresa la adjudica no a un error en su plan de negocios sino a las demoras excesivas en el proceso de certificación de la empresa por parte de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).
A su vez, el gobierno ha expresado que no pondrá más dinero en el emprendimiento de los extrabajadores de Pluna y se desliga de tener responsabilidad en el asunto, al tiempo que el Partido Nacional pide explicaciones y culpa al expresidente José Mujica de haber apoyado el proyecto por “determinismo político”.
Nicolás de los Santos, vicepresidente de Alas Uruguay, recibió a El País en las oficinas de la compañía en Punta Carretas y reconoció que la empresa pidió U$S 5 millones extra de crédito al Ejecutivo, a través de un encuentro con los ministerios, a raíz de la demora de la certificación del primer avión, con la que también se certificó la empresa y se la habilitó para volar. Estimaban que esto no superara un semestre, pero tomó casi 17 meses. Durante ese tiempo, la Dinacia exigió tener la estructura operativa, lo que implicó, entre otros gastos, el pago del alquiler de los aviones. La compañía cuenta con tres aeronaves arrendadas y paga U$S 80.000 por mes por cada una.
Ante la negativa del gobierno a prestar más dinero, Alas Uruguay busca maneras de capitalizarse, motivo por el que se encuentran en conversaciones con BoA. A principios de mes se firmó un acuerdo con esta compañía en Bolivia, en un viaje al que acudieron el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier y el diputado del MPP Daniel Placeres. Se previó un plazo de 60 días para estudiar las posibilidades de asociación. La semana que viene tendrán una nueva reunión. El directivo sostuvo que nunca estuvo descartado vender parte del paquete accionario. “Se puede vender hasta un 49%, porque así lo estipula la ley del Fondes”, explicó.