Nacionales | 30 Dic Según la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, la Fundación Imcos, gestora de dos centros para la atención de personas con discapacidad severa Aldeas de la Bondad, rescindió su contrato “por no estar de acuerdo y no haber llevado adelante las observaciones que están documentadas por actores competentes”, incluidas irregularidades detectadas tras auditorías.
La jerarca puntualizó que “hay un elemento que se está obviando en varios discursos: Hay una rescisión de convenio realizada por la institución por no estar de acuerdo y no haber llevado adelante las observaciones que están documentadas por actores competentes: auditorías de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y situaciones que fueron registradas por las supervisiones realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP)”.
Explicó que en el último tiempo el INAU trabajó junto a la fundación y a sus funcionarios en los traslados, “con las autoridades de la fundación y también con los responsables técnicos, con INAU, con el Ministerio de Salud Pública y con ASSE. Se realizaron traslados que tuvieron un resultado doloroso, la muerte de cuatro personas”, señaló.
Acerca de los próximos traslados de pacientes, informó que los desplazamientos de nueve personas organizados para el 14 de diciembre no se concretaron debido a que primero se informó sobre la situación general del tema a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.
Posteriormente se elevó al Juzgado de Salto la solicitud de autorización para que el traslado se realizara con las historias clínicas otorgadas por la fundación. “Las nueve personas adultas con discapacidad leve deberían estar pronto en el proyecto que funciona en Canelones”, dijo.
Enfatizó que se trabaja para que se generen las condiciones en el menor tiempo posible para el traslado de las 44 personas que aún permanecen en Aldeas, y se procura una ubicación en el mismo departamento, a la vez de aclarar que 80 % de la población que vivía en Aldeas no es oriunda de Salto.
“Queremos que esta historia dolorosa coloque de alguna forma una responsabilidad ciudadana y del conjunto del Estado para que las personas tengan mejores condiciones y alcancen procesos de mayor autonomía y que no se las aloje en lugares ‘de depósito’ donde nadie sabe qué pasa”, añadió.
En paralelo, destacó que se trabaja desde el comienzo de esta administración para que la población adulta pase a depender del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) antes de finalizar el período.

LA DGI MULTÓ A ANCAP
La Dirección General Impositiva (DGI) aplicó una multa a Ancap por un total de U$S 109 millones por concepto de retrasos en el pago del IVA de la importación de derivados de petróleo en el período comprendido entre el mes de enero de 2007 a mayo de 2016.
La inspección de la DGI determinó que "se liquidaron todas las importaciones sin detectarse defraudación del fisco ni desviaciones en relación a volúmenes o precios declarados. Se constataron exclusivamente retrasos que originan multas y recargos", afirmó el propio ente petrolero en un comunicado.
Para cancelar la multa se negoció "un acuerdo de pago para mitigar el impacto financiero sobre la empresa, como lo prevé la normativa". Para evitar que esto se repita, el directorio del ente implementará un nuevo procedimiento "para asegurar el cumplimiento de todas las formalidades y liquidación de IVA para evitar multas y recargos a futuro".

ASTORI DEFIENDE GESTIÓN
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, entrevistado en Radio Sarandí, dijo que “Uruguay tiene el mejor nivel de empleo de los últimos años”, señaló la “inflación baja” y el “crecimiento en una región deteriorada” que pudo lograr.
“Tenemos un buen resultado en materia de empleo y en materia de salario”, dijo el ministro, a la vez de señalar que “los lineamientos salariales no se ven modificados” y que “tenemos la menor tasa de desempleo en más de un año, tenemos la mayor tasa de empleo en más de un año, y un crecimiento de 2% del salario real de los trabajadores en término promedial”.
Evaluó el secretario de Estado que “mantener el empleo a costa del salario es relativamente fácil, hacer crecer el salario a costa del empleo también. Lo difícil es que las dos cosas funcionen bien y me parece que eso se logró y está muy emparentado con la flexibilidad de la política de ingresos”.
A su juicio “Uruguay mantuvo, a pesar de la desaceleración que hemos tenido, niveles de inversión externa e interna que hicieron posible que la economía nunca dejara de crecer. El crecimiento fue muy modesto, en 2015 fue de un 1% y la previsión para este año tomando en cuenta de la desaceleración, sería de medio punto”.
Destacó que Uruguay “fue el único país del vecindario que mantuvo permanentemente, aunque pequeño, un ritmo de crecimiento que importó (...) Uruguay hoy es un país que ha multiplicado sus alternativas de mercado. Las que perdió en la región por la situación complicada de los vecinos, las ganó fuera de la región”.
Señaló que nuestro país actualmente “exporta a entre 140 y 160 países del mundo” y que eso era “impensable en el Uruguay de hace pocos años”.
Respecto al aumento de las tarifas, dijo que “el orden macroeconómico que el país necesita para seguir creciendo, entre otras cosas es mejorar el resultado fiscal”. Señaló que “eso es una necesidad para el país. Para mejorar el resultado fiscal hay dos caminos, la reducción del gasto y el aumento de los ingresos públicos. En Uruguay es muy difícil reducir el gasto porque hay un enorme porcentaje del llamado gasto endógeno, que no se puede modificar”.

IMPUESTO AL TABACO AUMENTA 15%
El presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que eleva el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los cigarrillos en un 15%, y que derivará en un aumento de su precio al público de alrededor de $ 8 a partir del 1° de enero de 2017. Por el decreto del 26 de diciembre pasado, el impuesto pasará de $52,22 a $ 60,05. En tanto, el impuesto al tabaco aumentará $ 3, y pasará de $23,26 a $26,75.
Como en los anteriores decretos, el Poder Ejecutivo señaló que "es propósito del gobierno nacional continuar profundizando en la política anti-tabaco, dado el impacto positivo que la misma ha generado respecto a la reducción del consumo".
Puntualizó que "dentro del conjunto de medidas adoptadas para combatir el tabaquismo, se ha verificado que el aumento en la tributación constituye un instrumento eficaz en la consecución de los fines mencionados". Por eso es "conveniente" un nuevo incremento del Imesi para "continuar fortaleciendo esta política", acotó el Poder Ejecutivo.
Este es el tercer aumento del impuesto del Imesi al cigarrillo en lo que va del mandato de Vázquez. La primera vez que subió fue en junio de 2015, de $ 41,10 a $ 45,22 por cajilla. Luego, el 21 de enero de este año se incrementó por segunda vez el Imesi, que pasó de $ 45,22 a $ 52,22 en las cajas de 20 cigarros.
Durante el gobierno de Vázquez, el aumento del tabaco duplicó al resto de los precios: mientras que subió 29,7%, los precios en general tuvieron un incremento del 15,1%. En tanto, el gobierno de José Mujica aumentó el impuesto solamente una vez, recién sobre el final de su mandato, el 19 de diciembre de 2014.

MAYOR CONTRABANDO
Claudio Orrego, presidente de la Cámara de Quioscos y Salones, dijo a El Observador que todo aumento contribuye a incrementar el contrabando de cigarrillos. Explicó que, según un estudio de la consultora Cifra que tiene en su poder, el fumador que deja de comprar cigarrillos nacionales no deja de fumar, sino que pasa a fumar cigarrillos de contrabando y fuma un 30% más, aseguró.
"Dicen que los fumadores han dejado de fumar para justificar estas medidas pero esa cifra es incorrecta. No se entiende por qué se sigue adelante", enfatizó.
Orrego insistió que en Uruguay "lamentablemente hay casi un 38% de presencia de contrabando en el mercado, que implican 2,5 billones de cigarrillos de contrabando por año". Agregó que el fenómeno no sólo afecta a Uruguay y señaló que recientemente estuvo en un seminario en Argentina donde se informó que cerraron 4.000 negocios a causa del contrabando.
Consultado sobre cómo afectaron al comerciante en Uruguay las políticas antitabaco, Orrego dijo que si bien no tiene cifras "bajaron las ventas de cigarrillos". "Cada vez que se modifica el precio se afecta al comercio", dijo.