Estaba el plan Procel

Locales | 09 May Sin acuerdo sobre el monitoreo del río Uruguay en la zona de la planta de celulosa, a la una de la madrugada de ayer terminó la primera reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU, donde se consideró la resolución del Tribunal de La Haya y las disposiciones de las cancillerías uruguaya y argentina sobre el monitoreo del agua del río Uruguay en la zona de la planta de celulosa en Fray Bentos.
En una jornada de concentrado trabajo, en la sede de la CARU, vecina al puente binacional general Artigas, se reunieron primero las subcomisiones que trataron los temas que tenían en agenda las delegaciones de ambos países, luego de la última reunión extraordinaria del 19 de abril.
Pasadas las 22, el plenario de las delegaciones comenzó una sesión que despertaba expectativas sobre sus resultados: se consideraría la disposición de los gobiernos uruguayo y argentino sobre el monitoreo conjunto del agua del río común, para saber los efectos que puede tener el vertido de la planta de celulosa de UPM, la ex Botnia, dando cumplimiento también a la resolución del Tribunal Internacional de La Haya.
Sin coincidencias
“No hubieron muchas coincidencias”, afirmó con un dejo de pena una fuente consultada por EL TELEGRAFO, resumiendo lo tratado en la reunión. “Fue como un intercambio de papeles: ellos nos dieron su propuesta, nosotros le dimos la nuestra y ahí quedó todo”.
Si bien las cancillerías dieron instrucciones de resolver el tema para cumplir con lo sugerido por el tribunal internacional, “hay dos bibliotecas, y cada uno utilizó la suya para hacer la propuesta de monitoreo”.
Uno de los aspectos donde hay diferencias, es en los parámetros técnicos a utilizarse para considerar la calidad del agua, como medición de oxígeno o elementos extraños, por ejemplo. Llegar a un resultado final “no va a ser fácil, había ilusión pero seguimos más o menos en la misma”.
De todas maneras, para cuando los presidentes José Mujica y Cristina Kirchner se reúnan en la estancia presidencial uruguaya de Anchorena, “habrá que llevar respuestas”, para lo cual nuestra fuente dio como un hecho una reunión previa de los cancilleres para definir la política que se aplicará por parte de CARU.
HAY ANTECEDENTES
Lo que puede -aunque en un principio no pesó- allanar el camino, es que ya se realizaron monitoreos conjuntos por la calidad del agua del río. Concretamente, el Programa de Control de la Contaminación del Río Uruguay (Procon) comenzó a desarrollarse en el año 1989 y desde ese entonces se desarrolló ininterrumpidamente hasta el año 2005 inclusive.
Pero después se hicieron en ese mismo año cuatro campañas más en los meses de febrero, junio, agosto y noviembre, integrando otro programa de monitoreo del río Uruguay que CARU había implementado, denominado Procel (Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales en Áreas de Plantas Celulósicas). Además hacia fines de aquel año 2005 se planificó desarrollar cuatro campañas para el año 2006 integrando las estaciones y análisis que se realizaban de ambos programas (Procon y Procel).
Argentina cortó monitoreo
Un comunicado emitido por la cancillería uruguaya en agosto de 2009, recordó que “en enero de 2006 el Presidente de la Delegación Argentina en CARU no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña que estaba prevista en aquel momento para los días 12 a 18 de febrero de 2006, argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay. De esa manera, por la vía de los hechos, se impidió que se pudiera continuar con el normal desarrollo del monitoreo conjunto del Río Uruguay que CARU venía desarrollando a través de sus programas Procel y Procon”. Esos antecedentes de trabajo conjunto -que como queda claro fueron detenidos por los argentinos-, permitirían que ahora se pueda retomar el trabajo y seguir monitoreando con la base del programa Procel.