Locales | 09 May El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente apuesta fuertemente por su proyecto de ley de promoción de vivienda social que permite exoneraciones de impuestos a la inversión inmobiliaria, para operaciones de construcción, compra, venta y alquiler de viviendas.
Así lo subrayó la titular de la referida cartera, Graciela Muslera, quien destacó a EL TELEGRAFO que el proyecto parte del análisis que su ministerio hizo al programa Mega Manzanas, en Colombia, “donde el Estado provee la tierra y exonera de impuestos a la inversión”. También se consideró el plan “Mea casa mea vida”, de Brasil. El proyecto de ley, que fue consultado con el sector privado y con el Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente se encuentra en el Senado, esperando la media sanción.
“La exoneración será aplicable a proyectos de viviendas económicas o viviendas sociales cuyo destino sea la venta a través de un crédito hipotecario, el arrendamiento, o la venta a un propietario que le asigne un destino de alquiler”, explicó Muslera. Asimismo recibirán las mismas exoneraciones “las cooperativas de viviendas, siempre y cuando la inversión la realice un privado. Hoy por hoy la inversión en cooperativas la hace solo el Estado, pero puede haber otra veta, buscar financiación de otros bancos o actores privados”, subrayó y agregó que “buscamos toda la gama de capitales posible, desde el pequeño al gran capital”.
El impacto de la exoneración será del 17% de la inversión total en el caso de viviendas destinadas a la venta por un crédito hipotecario y del 38% si está destinada a alquiler. “Las cargas impositivas son más fuertes en el alquiler”, dijo Muslera.
Objetivos del proyecto
El objetivo general de este proyecto es “aumentar el stock de viviendas para satisfacer la demanda” y pretende al mismo tiempo “que la oferta sea tan grande que realmente esa exoneración se vea reflejada en la disminución de los costos en general. Lo que un inversor privado hará con ese ahorro será equilibrar los riesgos que toma al construir para una población que implica dificultades más grandes que el mercado habitual de viviendas, el de las suntuosas, para familias que no tienen problemas” económicos.
Si este proyecto de ley se aprueba, “tendremos más capacidad de inversión en los sectores como cooperativas de auto construcción, pero a la vez lo que garantizamos es que la gente pueda acceder (a la casa propia), que haya gente que pueda tomar un crédito” cuando “hoy por hoy hay dos barreras para eso: la gente está pagando alquileres muy altos y no puede ahorrar, generar ahorro previo y por otro lado la cuota es demasiado alta”, explicó la ministra de Vivienda a EL TELEGRAFO.
Este proyecto de ley prevé “un fondo de garantía de un crédito hipotecario, que toman los bancos cuando dan el préstamo y cuyo efecto fundamental es la disminución de la exigencia de ahorro previo. Hoy el que menos exige es el Hipotecario, un 10%, pero la banca privada exige hasta un 40%”. Con este fondo de garantía, para el cual el Ministerio destinará diez millones de dólares, se reducirá la exigencia de ahorro previo “a un dígito”. Y más adelante, “cuando el proceso madure, podremos llegar a situaciones como la de México, donde se exige el 1% de ahorro previo. Pero hay que darle tiempo al mercado inmobiliario a que tome confianza”, subrayó la secretaria de Estado.
Un “segundo instrumento”, adicional al fondo de garantía, será “el subsidio a la cuota que ya venimos preparando. Esto permite a aquellas familias que no tienen el 100% de las capacidades de hacerse cargo, tras una evaluación, recibir un apoyo de acuerdo a su situación específica”. La ley también “permite otro mecanismo de generación de la propiedad horizontal, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de espera una vez terminada la obra, lo que hoy no ocurre y pone en riesgo a veces la inversión, ampliando los plazos previstos de devolución”.
El proyecto de ley ha sido presentado a inversores en Montevideo, Maldonado, Colonia y Salto --“adonde asistieron inversores sanduceros también”-- y lo que el Ministerio ha recogido es que “están esperando la ley. Incluso en Montevideo hay ya algunos que están tomando cartera de tierras a la espera de la aprobación de este instrumento legal”. Las viviendas deberán ajustarse “a los parámetros de calidad que tienen las intendencias” en las categorías vivienda social y vivienda económica “o los niveles dos y tres, según el Hipotecario”.