PAYSANDÚ TOMADO COMO MUESTRA

Locales | 05 Oct El Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina presentó en Montevideo un estudio respecto al nivel de vida de los policías del país, tomando como muestra cuatro departamentos --uno de ellos Paysandú-- donde la situación es compleja, ya que hay casos de policías que viven en pésimas condiciones habitacionales, al punto que uno habita con su esposa e hijo en una carrocería de ómnibus abandonada.
El informe comprende a 2.662 efectivos de Rivera, Maldonado, Montevideo y Paysandú y resalta la sobrecarga horaria de la mayoría de los uniformados, lo cual atenta contra su capacidad mientras que el cansancio acumulado desencadena enfermedades y malestares en el propio nucleo familiar, aumentando los casos de violencia familiar y suicidios.
Esta situación fue confirmada por el vicepresidente del Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU), Alejandro Álvarez, quien agregó que “esta es una realidad que venimos analizando en base a las encuestas dirigidas en el plan piloto que impulsó el SUPU con la Facultad de Medicina y el Ministerio del Interior. Son datos que asustan, es crítico saber la verdadera realidad que vive el funcionario policial en cada departamento, tomándose en este caso a Rivera, Maldonado, Paysandú y Montevideo, tanto capital como Interior. En sí, queremos que se sepa la situación social que vive el funcionario policial, porque a la vista de la población y de las autoridades es una cosa pero dentro del Ministerio del Interior es totalmente distinta”.
RECHAZO, ESTRÉS Y VIOLENCIA
“El funcionario policial enfrenta rechazo social y siempre fue discriminado. Hoy en día, el policía no tiene derecho a hacer vida social porque no tiene tiempo, no se encuentra en condiciones de hacerlo y eso lleva a que se reprima él y también su familia”, agregó. El informe indica también que de cada cinco efectivos en actividad que fallecen, solo uno es en servicio y los otros cuatro por autoeliminación. Al respecto, Álvarez explicó que en Paysandú hace algunos años que esto no ocurre, “pero hemos tenido casos que no salen a la opinión pública. Hay casos críticos de funcionarios que por tener problemas económicos tienen problemas personales y familiares que derivan en diferentes situaciones”.
Son numerosos --cada vez más-- los casos en que funcionarios policiales utilizan la violencia doméstica como “descarga de tensiones”. Este tipo de hechos también fue contemplado en el informe. “El policía tiene que estar a la orden en el servicio, atendiendo los problemas de todas las personas, pero nadie atiende el problema del policía. Tiene que estar dispuesto, las ocho horas de turno y las 24 horas del día, a solucionar los problemas desde que llega a la comisaría pero sus problemas no son atendidos por ningún asistente social, sicólogo o siquiatra. No lo asiste nadie o no tiene un lugar donde ir a evacuar sus consultas y solucionar sus problemas. Eso lleva a incrementar el estrés laboral que produce el estar en determinados lugares, como una comisaría o una dependencia de Violencia Doméstica o la Cárcel, donde el funcionario está continuamente bajo presión”, explicó el vicepresidente del sindicato.
En 2002 fue creada la Unidad de Distrés Funcional, cuya función es brindar apoyo a policías que pasaron por eventos traumáticos fruto del ejercicio de la profesión (enfrentamientos con delincuentes, persecuciones, muertes cercanas, resultar heridos o tomados como rehén, presenciar accidentes de tránsito graves) y necesitan apoyo sicológico. “Hemos tenidos infinidad de casos pero no han sido tratados como deberían, porque eso se aplica más para la capital que para el Interior. Acá hemos tenido casos y seguimos teniéndolos, pero no se actúa debidamente ya que no se les informa a la Unidad por intermedio de los comandos de Jefatura o de los mandos inmediatos de la situación de esos policías, lo que deriva con el tiempo en problemas de estrés, sicológicos, de exigencia laboral, de hipertensión. La Junta Médica ordena que pasen a disponibilidad durante tres años, y estamos perdiendo funcionarios por no ser atendidos como establece el decreto”, explicó.
SUELDOS BAJOS Y PÉSIMAS
CONDICIONES HABITACIONALES
Si bien el aumento en los sueldos ha sido catalogado por el gremio como “algo considerado”, afirma que aún no se llegó al objetivo planteado, que es que el funcionario policial pueda estar a un nivel medio de una canasta básica familiar (superior a 30.000 pesos). “El sueldo básico que percibe el funcionario policial, es decir el agente de segunda que entra ahora, es de 13.000 pesos”, aclaró Álvarez.
Asimismo, la falta de planes de vivienda para los policías continúa siendo tema de debate. “Este es un tema que el sindicato siempre cuestionó y se solicitó también respuesta de aquel dinero que se le descontó a los funcionarios durante años, muchos de ellos ya retirados, que oscila en unos 10 millones de dólares, que ni el Ministerio ni el Estado nos han contestado qué pasó. Se le descontó al policía durante muchos años, pero nunca hubo una solución habitacional”.
Las pésimas condiciones de vivienda golpean fuerte a los uniformados en Paysandú. “Hay casos de muchos funcionarios que están viviendo situaciones críticas. No tienen un apoyo, no se les brinda solución”.
Uno de los casos que más rechaza el gremio es el de un efectivo que vive próximo a la ruta, junto a su mujer y su bebé de ocho meses, en un ómnibus en desuso y que por ende no cuentan con los servicios de luz y agua. “Como este funcionario también hay otros en parecidas condiciones, viviendo en casas precarias”, dijo Álvarez.
El Ministerio responde “que van a solucionar, pero la solución no ha llegado hasta ahora. Que analizan los temas, que tratan de buscar políticas, pero de papeles ya estamos cansados, queremos soluciones reales. Que digan hay un plan de viviendas en convenio con el Ministerio del Interior, que apliquen los convenios que tienen establecidos en el Interior y que le den solución a un funcionario policial adecuada al salario que gana”.
“Hoy en día hay un 70% de los policías en Paysandú que están alquilando, viven de inquilinos o de agregados. Y esos funcionarios no pueden acceder a una vivienda porque no les da el sueldo. Pero se les puede dar una vivienda y descontarles 3.500 o 4.000 pesos del sueldo, así pueden acceder. Para eso hay que crear cooperativas de vivienda como lo ha hecho el SUPU, conjuntamente con el Pit Cnt, que es la única forma de poder brindarle al asociado del sindicato una solución pero no tenemos el respaldo del Ministerio. Desde el año pasado se habló con el Ministerio para crear una cooperativa de vivienda por intermedio del SUPU, para lo cual el Ministerio se comprometió a ceder los terrenos que tenía en diferentes partes del país y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Son promesas, promesas que no se han cumplido”, puntualizó el vicepresidente del gremio policial.