Locales | 25 Oct MONTEVIDEO, 24 (Por Enrique Julio Sánchez).- UTE estudia la posibilidad de adquirir el fideicomiso por el cual las intendencias mantienen deudas por consumos de alumbrado público (que se arrastran desde hace décadas) con la propia UTE. Así se informó en el plenario del Congreso de Intendentes desarrollado esta jornada, sin la asistencia del intendente de Paysandú, Bertil Bentos, quien fue representado por el director general de Administración, Heber Coello.
UTE había en principio declinado la compra del fideicomiso pero ahora estaría su Directorio dispuesto a hacerlo, en un giro que es interpretado como un acto de saneamiento financiero contable.
Como fuera informado, las intendencias deudoras pagarán a UTE cada una lo que debe a través de un fideicomiso.
El mismo, a su vez, será pagado con un porcentaje de lo que otorga el Poder Ejecutivo por alumbrado público y eficiencia energética, porcentaje que va aumentando conforme las intendencias hacen inversiones en el sector. Actualmente las intendencias pagan los gastos corrientes y el 10% de lo que aporta el Poder Ejecutivo por alumbrado público, que se destina al pago de la deuda.
El fideicomiso, si lo adquiere UTE, no implicará movimiento de caja para la empresa pública, pero se asegurará el cobro, que provendrá directamente del Poder Ejecutivo.
No obstante, fuentes del Congreso indicaron a EL TELEGRAFO que la visión que se tiene es que UTE quiere realizar un movimiento financiero contable, porque la deuda que mantienen las intendencias aparece como saldo acreedor en sus balances y eso es un elemento negativo al momento de solicitar créditos internacionales.
Las aseguradoras de riesgo, que asesoran a los grandes prestadores, ven como un riesgo de gestión que una empresa no cobre sus adeudos. Por tanto, esta puede ser una solución en ese sentido.
Por otro lado, también es una buena opción para el Poder Ejecutivo, porque un fideicomiso, aún cuando sea adquirido en el ámbito privado, finalmente pasa a ser deuda externa y pesa en el déficit fiscal.
Por otro lado, las intendencias tienen las manos libres para firmar el fideicomiso sin necesidad de aprobación de las juntas departamentales, en la medida que se trata de deuda ya contraída, y por lo tanto debe pagarse.
Algo diferente ocurre con el fideicomiso de obras, que continúa en discusión, más allá de la opinión de expertos en ambos sentidos, tanto que debe ser aprobado por las juntas departamentales, como que eso no es necesario.
El Congreso de Intendentes mantiene conversaciones con el Tribunal de Cuentas, y lo propio sigue haciendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En la sesión realizada en esta jornada, se dijo que se espera que para el 15 de noviembre el tema esté resuelto.

DÉFICIT
El presidente del Congreso de Intendentes, Armando Castaingdebat (Flores), dijo que el presupuesto del organismo (el vigente es de 2008) es “a esta altura” deficitario y solicitó se forme una comisión integrada por un intendente y un técnico de cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso, para encontrar “soluciones” que permitan a fin de año cubrir la totalidad del presupuesto.
El Congreso de Intendentes recibe fondos por el artículo 214 de la Constitución de la República, que establece las bases del Presupuesto Quinquenal de gobierno. Por tanto, como señaló el intendente de Rocha, Artigas Barrios, no es posible cambiar los ingresos de que dispone el Congreso en estos momentos, por lo que serán las intendencias las que “de manera directa” deberán hacerse cargo de ese déficit. Marcos Carámbula, intendente de Canelones, en la misma línea que su colega rochense, indicó que “acompaño la integración de una comisión, pero no creo que podamos modificar ahora el presupuesto”.
Omar Lafluf, el expresidente del Congreso, en tanto, dijo que “me comprenden las generales de la ley, porque fui presidente hasta hace poco. Y yo estaba en contacto con Hacienda y se me decía que no había déficit”.
“Por tanto, creo que es algo que debemos considerar, pero no es éste el ámbito, sino el de comisión general”.
Esta forma de sesionar impide la presencia de periodistas, asesores y delegaciones en sala.
De todas formas, Castaingdebat aquietó las aguas, indicando que lo importante era integrar una comisión, y que posteriormente se podría seguir avanzando en el tema, lo que fue aprobado.

FOTOCOPIA DE LIBROS
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, presentó en asuntos varios su interés para que el Congreso se expida en torno al caso de fotocopiado de libros enteros, que ha derivado en procesamientos sin prisión en Montevideo.
Expresó que “no estoy de acuerdo con la fotocopia de libros, y creo que el Congreso debe y tiene que decir algo, y que este es el momento”.
Sostuvo que “los estudiantes deben estudiar con libros, no con fotocopias. Ahora, la manera en que el Estado participa en esto, para asegurar que tengan libros, es otro tema. Pero creo que como gobiernos departamentales no podemos estar a favor del fotocopiado de libros, y que tenemos que decir algo al respecto”.