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Paysandú, Lunes 05 de Junio de 2017

Dirección General Impositiva solicitará la clausura de 30 locales en Punta del Este, Piriápolis y Rocha

Nacionales | 09 Ene Según informó a El Observador el director de Rentas, Pablo Ferreri, la Dirección General Impositiva solicitará a la Justicia la clausura de 30 establecimientos de temporada Punta del Este, Piriápolis y Rocha, en los que detectó que no se están cumpliendo con los requisitos formales, y además cerrará por hasta 30 días a comercios que habían sido sancionados en la temporada pasada.
Agregó que la DGI realizó 1.500 de las 3.000 operaciones inspectivas planificadas para esta temporada y recaudó 70 millones de pesos por pago de impuestos sobre unas 500 empresas “golondrina”.
“Ese número se va a ver incrementado porque estamos cerrando garantías en los próximos días”, señaló el jerarca, que estimó se estará en niveles similares a los del año pasado, cuando se alcanzaron los $ 90 millones.
Asimismo, se detectaron 12 comercios que no estaban inscriptos ante la DGI, los que fueron registrados “de oficio”. “Tenemos 20 clausuras que vamos a efectivizar a partir del lunes para comercios que fueron fiscalizados la temporada anterior”, señaló Ferreri, que enumeró entre los sancionados al restaurante del reconocido chef argentino, Francis Mallman, ubicado en Garzón.
Otros “30 comercios tienen causal de clausura por no estar cumpliendo con los requerimientos formales”, como la emisión de facturas. En estos casos las clausuras se concretarán la próxima temporada. La operativa de control de DGI se extendió por Canelones, Maldonado, Rocha y Colonia y demandó el trabajo de unas 130 personas. Además, se está trabajando en el control del pago del IRPF sobre arrendamientos, para lo cual se están utilizando datos de inmobiliarias formales y realizando fiscalizaciones en el mercado informal. “Hemos detectado unos cuantos operadores informales”, entre los que se cuentan porteros de edificios y administradores de condominios, sentenció Ferreri.

FENAPEL Y AGOLAN NEGOCIAN SOBRE EL FUTURO DE AMBAS
Según informó El Espectador, el presidente José Mujica acordó con representantes sindicales y autoridades de diversas reparticiones la conformación de un grupo de trabajo para analizar la situación de los trabajadores de la textil Agolán en Juan Lacaze y la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel).
El mandatario interrumpió su descanso para dirigir esta reunión en la Torre Ejecutiva, en la que participaron el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano; la presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Adriana Rodríguez; el director nacional de Trabajo, Luis Romero (MTSS), Marcelo Abdala, del Secretariado Ejecutivo de la central Pit Cnt y el delegado del sindicato textil de Agolán, Johnny Solahegui.
Los trabajadores de Agolán, que opera en la planta que perteneció a Campomar y Soulas y hoy es 100% de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), solicitaron a Mujica un préstamo de U$S 2.300.000 para continuar operando por unos tres meses. Sin embargo, el gobierno estudiará el caso con una perspectiva mayor y considerará alternativas.
El director nacional de Trabajo, Luis Romero, dijo a El Espectador que “hemos decidido, ante las dificultades que tiene la empresa, crear una comisión que está integrada por la CND, por Presidencia, por el Pit Cnt, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior”.
Respecto a la negociación, agregó que “creo que no hay imposibles, pero va a haber que comprometerse mucho, fundamentalmente la gente. La gente va a tener que tener un compromiso muy importante para salir adelante”.
Agolán involucra “casi 300 trabajadores” y el impacto es grande en la localidad de Juan Lacaze, porque “también tiene dificultades la papelera (Fanapel)”, señaló.
“Los problemas son todos importantes en todo el país, pero en esta zona trabajan dos fábricas muy grandes con muchos trabajadores”, enfatizó. Los trabajadores de Fanapel “están trabajando y se van a tomar algunas soluciones del Ministerio de Industrias. Pero esas soluciones tienen que tener el aval de todos los componentes, incluso de los trabajadores, para que la solución sea la mejor posible”, enfatizó Romero.

COMBUSTIBLES SUBIERON EL 3%
Según decidió el directorio de Ancap, a partir de la medianoche, los combustibles aumentaron el 3% para “mantener la relación de precio” que maneja hasta ahora el ente petrolero, habían explicado fuentes del organismo a El Observador.
El director del Partido Colorado en Ancap, Juan Maspoli, comentó al matutino que votó en contra del ajuste de los combustibles porque no comparte el criterio de “seguir incrementando” la carga impositiva. “Estoy de acuerdo en ajustar en función de la paramétrica pero no en función del Imesi”, argumentó. Añadió que con la presión impositiva que tienen los combustibles en nuestro país, el Ministerio de Economía “tenía la facultad” para no trasladar la suba del Imesi al precio de las naftas. Hasta ayer, el precio de la nafta Premium 97 SP era de $42,10, Súper 95 SP $40,60 y gasoil $38,70. Los nuevos precios son: gasolina aviación 100/130 $52,70, Jet A1 $29,90, gasolina Premium 97 S.P. $43,40, gasolina Super 95 S.P. $41,80, queroseno $30,30, gasoil $39,90, gasoil 50 S $50,80 y alcohol carburante $60,90.
Por kilogramo, el supergás es de $33 y el butano desodorizado $52. En tanto, por mil litros el fuel oil pesado es de $16.770, fuel oil especial $25.200 y el fuel oil medio $20.470.

PREVÉN QUE BAJEN LOS PRECIOS DE ALQUILER
Según informó El Observador, el analista inmobiliario Julio Villamide anunció que uno de los efectos de la ley 18.795 de vivienda de interés social será la baja, en un año, de entre un 10% y 20% de los precios de los alquileres. Aclaró que incluso con esta baja la inversión en inmuebles “seguirá siendo atractiva”.
Villamide dijo que luego de promulgarse la ley se instaló confusión en el mercado. “Todo el mundo está confundido. Para empezar los bancos, que antes no tenían clientes. Ni los promotores, ni los compradores iban a los bancos a pedir plata. Ahora todos los promotores de proyectos de interés social van a los bancos a pedir dinero porque sin crédito bancario los proyectos no son rentables. Los bancos se pusieron exquisitos porque antes no le pedían nada y ahora le piden mucho. Entonces piden más requisitos”, señaló el analista inmobiliario.
Añadió que “imaginen a un consumidor de clase media que la única alternativa que tenía era el alquiler. Nadie le ofreció nada. Nadie le ofreció un financiamiento. Nunca pasó por un banco. Su única experiencia en el mercado inmobiliario fue la de renovar un contrato de alquiler para su familia. Esa persona, a la que nadie le ofreció nada durante 10 años, hoy tiene 8.000 viviendas de interés social distribuidas por todas partes, con financiamiento o sin financiamiento”.
“Solo en el último año el crecimiento del tamaño del mercado de alquileres tanto en Montevideo como en el Interior, requirió inversiones de 4.500 millones dólares. Tres UPM silenciosas que se han invertido en los últimos cinco años para que el tamaño de alquileres creciera”, concluyó Villamide.

MENORES DETENIDOS EN NUEVO CORTE DE RUTA
Ocho personas, varias de ellas menores de edad, fueron detenidas en la víspera durante una nueva protesta, que incluyó el corte de la Ruta 1 vieja, realizada por los vecinos de San José en Ciudad del Plata. Las detenciones ocurrieron tras el arribo de las fuerzas de choque policiales, enviadas para liberar el tránsito en la zona, informó Subrayado.
Se trata de la segunda protesta por la muerte de un joven, atropellado por un policía el miércoles 25 de diciembre, que finaliza con personas detenidas. La familia de la víctima se retiró del lugar cuando la situación comenzó a complicarse, puesto que su intención era la de una manifestación pacífica. El 31 de diciembre pasado, unos 200 vecinos protagonizaron una asonada al apedrear una comisaría y cortar la ruta.
Durante los incidentes, patrullas de la Guardia Republicana detuvieron a un camión que circulaba por la ruta 1 vieja rumbo a la domicilio del policía que protagonizó el accidente. Dentro del vehículo viajaban cuatro adultos y nueve menores, quienes pretendían incendiar la vivienda del policía con bombas molotov. También llevaban piedras y barras de hierro.


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