“Oculta información a la Junta Departamental”

Locales | 18 Feb El presidente del Frente Amplio de Paysandú, nueve ediles y el diputado por la coalición de izquierda solicitaron al Intendente Bertil Bentos, por la Ley de Acceso a la Información, los números globales y algunos detalles del balance de la última Semana de la Cerveza, “ante la falta de respuesta a los dos pedidos de informes que hicimos, y a la falta de respuesta en los dos llamados a sala que se hicieron por este tema, uno solicitado por el Partido Colorado en agosto y otro por nosotros en setiembre”, explicó a EL TELEGRAFO el edil Enrique Avellanal.
Los pedidos de informes se realizaron el 4 de abril y el 6 de agosto del año pasado, según apuntó el edil Francisco Gentile.
Acompañado por varios otros curules y el diputado Gustavo Rombys, Avellanal detalló que “en reiteradas oportunidades hemos intentado conocer los informes de la última Semana de la Cerveza, que terminó con que se sacó de su cargo al director general Ramiro Díaz, que era presidente del comité organizador de la Semana. En el segundo llamado a sala, el Ejecutivo Departamental se comprometió a dar el balance de la Semana de la Cerveza, y (Nicolás) Olivera dijo que tenía el balance, lo mostró, dio dos números generales pero hasta el día de hoy no fue presentado”.

CIFRAS GLOBALES Y DETALLES
Con estos antecedentes, “el Frente Amplio resolvió recurrir a este proceso para obtener la información”. Dijo que “lo que solicitamos es que se den las cifras globales y por todo concepto de los ingresos y egresos de la Semana de la Cerveza 2013, así como el saldo consolidado. También el número de entradas vendidas, las entradas subsidiadas y gratuitas, y el monto de ingresos por ese concepto. Pedimos el detalle del total abonado a cada uno de los artistas nacionales y extranjeros que actuaron en la Semana de la Cerveza, acompañado por los contratos, la factura de pago y dando detalles de los tributos adeudados por el impuesto a la renta y los convenios con la DGI, y pedimos el contrato suscripto con el señor Carlos Montaner, que cuando se les pidió en el segundo llamado a sala dijeron que había confidencialidad en ese tema, y agregamos que se acompañe el documento suscripto con la DGI por la financiación del pago que la comuna debió retener y no lo hizo”.
Además, los firmantes del pedido solicitan “un detalle de todos los trabajadores que desempeñaron cualquier tipo de tareas, en calidad de qué, monto de salarios, emolumentos pagados y aportes al Banco de Previsión Social. También saber los contratos hechos con los comerciantes, arrendamiento de estands, espacios y publicidad, tanto de privados como con organismos públicos y sus montos”.
La lista de lo solicitado es mayor e incluye el detalle del contrato con el animador Orlando Pettinatti, y saber si se contrata un espacio o publicidad en su programa, y solicitan saber lo percibido por concepto de horas inhábiles, extras o nocturnas de los funcionarios pertenecientes al escalafón Q 13 (cargos de confianza política) durante marzo y abril de 2013.

PROVEEDORES SIN COBRAR
“Queremos que se transparente esta situación que se dio durante el año anterior con todos los hechos que se dieron y que hasta el día de hoy no tenemos ningún número”, dijo Avellanal, comentando que “habría también algunos proveedores que hasta el día de hoy no han cobrado sus facturas de la Semana de la Cerveza de 2013, y ya se está organizando la próxima Semana de la Cerveza”.
La edila Patricia Volpe, por su parte, dijo que “llegamos a esta instancia porque el Ejecutivo Departamental sigue en la línea de ocultar la información al órgano de contralor, como es la Junta Departamental, y tuvimos que recurrir a este recurso porque nos vimos perjudicados en nuestra labor de contralor al ponernos tantos obstáculos e impedimentos en los temas que debemos controlar, porque son gastos de dineros públicos”.
Walter Malel agregó que “el Ejecutivo Departamental no ofrece todas las rendiciones de cuentas, y vamos a procurar que se sepa todo, no solo las partidas globales, por los antecedentes hay hasta de una deuda con al DGI, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.
Cabe recordar que la Ley 18.381 de Acceso a la Información da un plazo de 20 días (prorrogables) para que el consultado -en este caso el Intendente Bentos- conteste, y de no ser así se inicia un proceso judicial penal.