Locales | 07 Mar Los trabajadores de la construcción nucleados en el Sunca manifestaron su preocupación ante la pérdida de puestos laborales en esta rama de la industria, tras finalizar las etapas de obra en diversos emprendimientos que se desarrollan en el departamento, tales como la fábrica de etanol que lleva adelante ALUR en Nuevo Paysandú. En los últimos dos meses, al menos 500 trabajadores han efectuado el trámite a través del Fondo de Cesantía y Retiro (Focer), conformado por aportes patronales y personales.
En la reunión realizada en el local sindical, los delegados subrayaron que las empresas ganadoras de las licitaciones provenientes de otros departamentos “no tienen en cuenta a la mano de obra local y plantearon la necesidad de realizar movilizaciones que apunten a dar a conocer esta situación”, dijo el dirigente Miguel Bustos.
La empresa Meliter, a cargo de la doble vía de Dr. Roldán, “contrató personal sin pasar por la Bolsa de Trabajo”. No obstante, aclaró que “los reclamos no se enfocan hacia otros trabajadores, sino a las medidas adoptadas por las patronales”. De acuerdo al Sunca, “las obras anunciadas últimamente no crearán nuevas fuentes laborales para el departamento”.
Busto explicó a EL TELEGRAFO que “algunos casos planteados se encuentran cubiertos por el seguro de paro, pero no alcanza para las necesidades básicas familiares”, en tanto una comisión encargada del seguimiento de los reclamos se reunirá nuevamente mañana sábado.
El dirigente recordó que el gremio solicitó una reunión con el exintendente Bertil Bentos, “quien no nos recibió y ahora realizamos los trámites para que nos reciba el intendente Mario Bandera, a fin de reclamar el cumplimiento de la Ley 18.516 y su presencia en las licitaciones. La legislación establece que se contratará a la mano de obra no calificada en las obras públicas y por eso solicitamos el cumplimiento de la palabra empeñada ante la dirección departamental del Sunca”. La ley citada refiere a la regulación del trabajo de peones prácticos y obreros no especializados y su distribución en obras efectuadas por el Estado, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Según el delegado, se han recibido denuncias que alertan sobre la instrumentación de “cartas de recomendación o currículos tirados en la basura que llevan a la indignación de la gente y por eso lo plantearon ante la dirigencia gremial” y reconoció que ante la falta de propuestas laborales a nivel local, decenas de trabajadores pertenecientes al sector han optado por concurrir a la ciudad entrerriana de Colón.
En tal sentido, reconoció que allí no cuentan con una legislación que ampare a los operarios, quienes deben aceptar las condiciones laborales de informalidad impuestas por los empresarios y la inexistencia de elementos de seguridad o delegados en obra.
Consignó que en la actualidad el tipo de cambio no predispone a un traslado masivo, en tanto la rentabilidad no se compara con años anteriores. “Hoy el obrero desocupado prefiere trabajar en la industria citrícola antes que cruzar a Colón”, precisó.
No obstante, las consecuencias planteadas por los delegados locales se presentan en otras ciudades cercanas.
“Cuando finalizaron las obras de Botnia en Fray Bentos, quedó prácticamente una ciudad vacía y ahora con la instalación de un emprendimiento dedicado al procesamiento de leche en polvo, los obreros de la zona se encuentran realizando reclamos similares”, resaltó.

SEGURIDAD EN OBRA
Bustos informó que los delegados sindicales realizan un recorrido por los lugares de trabajo, donde constatan asiduamente la poca predisposición a utilizar los elementos de seguridad en las construcciones en altura.
“Por ejemplo, lo verificamos en las obras de construcción de los nichos en el cementerio a cargo de la empresa Barboza, de Fray Bentos, que no respetó laudos ni medidas de seguridad a 8 metros de altura e incluso violaron la forma de aporte al Focer”, señaló. El fondo cuenta con una escala de aportes que permite fomentar la regularización y estabilidad de la actividad, ya que el aporte patronal será ocho veces mayor por un trabajador que es contratado a término que por uno permanente. Sin embargo, “la empresa hacía el aporte correspondiente a los operarios permanentes (0,5%), cuando en realidad se trataba de una changa de tres o cuatro meses”.
“Al finalizar la obra, en vez de cobrar $ 4.000, recibieron $ 400 y se instrumentó mediante un contrato entre la empresa y la Intendencia para la construcción de nichos. ¿Quién controló eso?”, cuestionó.
Para el dirigente, si los operarios “figuran como permanentes de esa empresa, deberán salir en su búsqueda y cobrar lo que corresponde”, por lo tanto se encuentran ante una situación compleja.
Bustos subrayó que durante el quinquenio, el diputado Oscar Andrade impulsará la ley de creación de un Fondo de Insolvencia Patronal que garantice el cobro de los créditos laborales ante eventuales cierres o quiebres de empresas.